Presidente conserva el control en disputa con el Congreso por poder
El mandatario disolvió el Congreso después de no recibir apoyo para una reforma en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional; los parlamentarios dijeron que presentarían un recurso
Perú amaneció ayer sumido en la incertidumbre y con las calles cercanas al palacio presidencial y al Parlamento cerradas con rejas luego de que el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso, dominado por la oposición, y este le respondió suspendiéndolo por un año por incapacidad moral.
Horas más tarde, el Congreso evaluaba presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir esa medida presidencial, aunque desconfían de los magistrados de esa corte.
Decenas de peruanos comenzaron a apostarse detrás de las rejas para apoyar por segundo día la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso. Otros miles salieron la víspera a celebrar el “cierre del nido de las ratas”, en referencia al desprestigiado Parlamento unicameral, mientras las fuerzas armadas y policiales junto a la Asamblea de Gobiernos Regionales le mostraron su respaldo.
Por el contrario, Aráoz no recibió apoyo de ninguna institución pública salvo del Parlamento luego de que fuera disuelto, por lo que sus decisiones no tienen ningún valor. El cierre del Congreso se dio después de que Vizcarra no recibiera apoyo para una reforma del cuestionado procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional.
El presidente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, admitió en una conferencia con la prensa internacional que “por el momento” era presidente de la Comisión Permanente, el órgano de casi 30 parlamentarios que sobrevive tras la disolución y únicamente acumula los decretos de urgencia con los que Vizcarra legislará hasta que se instale el nuevo Congreso en 2020. Poco antes dijo a la colombiana Blu Radio que Vizcarra había dado “un golpe de Estado” y admitió que será un “tema legal, largo, tedioso y delicado” definir quién es el presidente de Perú.
Precisamente el Tribunal Constitucional, conformado por siete magistrados y clave en el manejo del poder, fue el centro de la disputa que des
encadenó la disolución del Parlamento. Vizcarra buscaba que el Congreso escogiera a seis integrantes, pero añadiendo rigurosos filtros para su elección, pero el Parlamento hizo caso omiso al pedido y eligió a uno de ellos. Esa actitud provocó el cierre del Legislativo.
El máximo órgano judicial en asuntos constitucionales debe definir pronto la liberación o permanencia en prisión de
Keiko Fujimori, líder del partido que dirigía el Parlamento y que está detenida mientras es investigada por supuestamente haber recibido dinero sucio de la constructora Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las que fue derrotada.
El Tribunal también debe decidir si la fiscalía puede investigar a más de dos decenas de congresistas que habrían recibido
dinero de Odebrecht para sus campañas. Su nueva composición se convirtió en el epicentro de la batalla entre el gobierno de Vizcarra, que lanzó una cruzada anticorrupción en 2018, y el Parlamento cuyos integrantes necesitaban tener magistrados afines a sus intereses