La revolución del silencio
Mientras en la sala acústica de la corte estatal del distrito sur de Nueva York suenan los narcocorridos que tienen en la pista de baile a la clase política hondureña, esta misma élite “zopilotezca” prepara la estocada incisiva contra la ciudadanía, dando un certero y alevoso ataque con el nuevo Código Penal de la impunidad que entra en vigencia en menos de un mes.
El 10 de noviembre es un retroceso cavernario en materia de justicia, ya que fue aprobado en mayo por un parlamento de cínicos, que han manejado las leyes al estilo de las mafias, logrando su sueño pletórico: hacer de este manual a la medida exacta de los corruptos. Porque las redes de saqueo han diseñado este modelo con tanta precisión quirúrgica para que las operaciones de lavado de activos y robo a granel sean puntuales.
Cierto sector de la empresa privada, la academia, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y algunas organizaciones de sociedad civil han denunciado el decreto 130-2017, publicado en La Gaceta el 10 de mayo de 2019 y redactado con la fidelidad de un “crimen perfecto” sin precedentes en Honduras. Es decir que esto rebajará penas de narcotráfico por medio de un artilugio impune, sin importar los grandes señalamientos en EE UU por este delito de corrupción, pasando por encima de instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como ser la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y escondida bajo la manga de la camisa que
¡Detengamos esta marea de delincuentes ya!, es hora de enfrentarlos y no dejar que sean los mismos diablos que nos arrastrarán al infierno”.
ocultan un as contra la libertad de expresión.
También este escrito establece en el artículo 109 periodos cortos para que el ejercicio de la acción penal prescriba, por lo que desde ya podemos expresar que quienes hayan malversado fondos o lesionado el bien jurídico en la administración pública se amparan bajo la ley de clasificación de documentos públicos, pues nunca serán sometidos a la justicia; es más, hasta podrían ser canonizados con una corona de “laurel” por el Congreso de la República. El delito de malversación de caudales públicos pasó de tener una pena privativa de libertad entre 6 a 12 años a pasar de 4 a 6 años, permitiendo así a los que ya han sido condenados en los casos del IHSS, como la ex primera dama de la nación, entre otros, que además podrán de castigos caritativos, presentar recursos extraordinarios tales como la revisión de las altas magistraturas que apliquen de manera retroactiva esta ley más favorable y salir airosos y listos a fin de armar una campaña presidencial con el arrastre de “vístima”, que suelen hacerse frente al electorado que olvida pronto estos escándalos que han dejado a la nación en la calle.
¡Detengamos esta marea de delincuentes ya!, es hora de enfrentarlos y no dejar que sean los mismos diablos que nos arrastrarán al infierno. Si no lo hacemos pronto nueve millones de hondureños estaremos cantando en Nueva York por ser cómplices de corrupción, crimen organizado y el silencio hecho a la medida de los que van a permitir esta barbarie jurídica en el país de las maravillas