Diario El Heraldo

Nadie da razón del ingreso de armas ni del fallido traslado de Magdaleno

Ni las FF AA ni la Pv ni el INP explican el ingreso de la pistola usada para asesinar al narco Nery López, conocido como vagdaleno veza, en “El Pozo”. Sobre el traslado a otra cárcel, juzgados de Tegucigalp­a, SPS y Santa Bárbara se tiraron la pelota

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Una pieza clave para armar el rompecabez­as sobre la muerte del narcotrafi­cante Nery Orlando Ló pez sanabria, también registrado como Mag dale no Meza Fúnez, es el ingreso de la pistola con la que le quitaron la vida a la cárcel de “máxima seguridad”.

Tal parece que Honduras estuviera sumergida en los violentos capítulos de una narconovel­a, donde la delincuenc­ia burla o se confabula con ciertas autoridade­s para cometer sus crímenes.

Para asesinar a López Sanabria se utilizó una pistola marca Glock, calibre nueve milímetros, serie AAFBO 19 que tenía reporte de robo desde el 19 de octubre de 2015.

EL HERALDO consultó ayer a expertos en balística y afirmaron que la pistola con la que le quitaron la vida a López Sanabria es semiautomá­tica.

Estas pistolas disparan proyectile­s de acuerdo con el cargador que tengan, que puede andar entre los 15 y 30 disparos.

“Lo que se puede observar a simple vista es que el arma es semiautomá­tica y que la rapidez de los disparos se debe a la agilidad del asesino para utilizarla”, afirmó el experto consultado por EL HERALDO.

Hasta el momento se des conoce si la pistola homicida se encuentra en los laboratori­os de balística de Medicina Forense del Ministerio Público (MP) o de la Dirección Policial de Investigac­iones (DPI) de la Policía Nacional.

En las cárceles de máxima seguridad como “El Pozo” en Ilama, Santa Bárbara, y “El Pozo II” en Morocelí, El Paraíso, utilizan el escáner Spectrum 100/100 desde noviembre del año anterior, donde detectan desde pequeños artefactos como memorias USB hasta armas.

Además existen tres anillos de seguridad alrededor de estos centros penales, uno integrado por efectivos de las Fuerzas Armadas (FF AA) en los exteriores.

Adentro se encuentra la Fuerza Nacional de Control de Centros Penales y por último, un contingent­e de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Las preguntas que levitan en la opinión pública son: ¿quién ingresó el arma?, ¿cómo se burlaron los tres anillos de seguridad y los sistemas tecnológic­os?, ¿dónde estaba escondida la pistola?, ¿cuánto pagaron para ingresarla?

Con el fin de encontrar respuestas a todas estas interrogan­tes EL HERALDO consultó a German Mcniel, subdirecto­r del Instituto Nacional Penitencia­rio (INP), pero solo dejó en visto los mensajes. Luego se insistió con el viceminist­ro de Seguridad, Luis Suazo, pero también solo vio los mensajes, tampoco contestó la llamadas.

La meta era encontrar una respuesta sobre el inicio de la madeja del asesinado y así EL HERALDO consultó al general de brigada, Germán Velásquez, comandante de la Fuerza de Seguridad In ter institucio­nal Nacional( fu sin a ). el jerarca militar respondió que están “en proceso aún de investigac­ión”.

Horas más temprano, Velásquez explicó a EL HERALDO que en los módulos de máxima seguridad hay tres fuerzas operando para evitar que instrument­os o sustancias prohibidas sean ingresados.

Los controles los integran la Fuerza Nacional de Control de Centros Penales, la PMOP, que se encarga de la seguridad interna, por eso es que al momento de la muerte de Magdaleno Meza Fúnez, un policía militar sale herido.

Además, como parte de los controles alrededor de estos centros existe un tercer anillo de seguridad, de Fusina, mediante la Fuerza de Tarea de Santa Bárbara.

Velásquez explicó que como la Policía Militar se encarga de la seguridad del centro penitencia­rio, sus efectivos son los que abren o sacan los privados de libertad cuando se requiere.

Mientras que los responsabl­es de revisarlos cuando entran y salen es la Fuerza del INP, quienes tienen el manejo de los escáneres para el cuerpo de las personas y de lo que llevan.

A simple vista existe una amplia planificac­ión del crimen, donde son muchos los involucrad­os, los informante­s y alguien que ordenó y financió la operación.

El cuerpo de Magdaleno Meza Fúnez fue velado ayer durante una hora y media por su esposa Erika Bandy en la Penitencia­ría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde guarda prisión, luego sus familiares cercanos se lo llevaron a la aldea Las Flores, Santa Rosa de Copán.

Como si se tratara de confirmar la muerte del narcotrafi­cante, quien ya la había fingido en el 2015, ayer circularon en las redes sociales fotografía­s después de la autopsia y con el rostro desfigurad­o de un costado.

Peticiones

En relación con las peticiones de cambio de prisión solicitada­s por el abogado Carlos Chajtur en favor de Nery Orlando López Sanabria, los entes encargados de darle trámite a las peticiones se pasan la pelota .

EL HERALDO tuvo acceso las peticiones hechas por Chajtur a tres órganos jurisdicci­onales diferentes. La primera petición se hizo el 1 noviembre de 2018 ante el Juzgado de Ejecución de Francisco Morazán, en la cual el defensor presentó una queja contra el señor director del centro penal de Ilama y contra los miembros de la Comisión Técnica por el castigo que se le impuso al narcotrafi­cante por la supuesta imputación de un plan para permitir su fuga.

En la solicitud, el abogado pidió retornar al narcotrafi­cante al primer lugar donde se encontraba recluido, que eran las celdas ordinarias del Centro Penitencia­rio Nacional de Támara.

Según el escrito, en septiembre de 2018 apareciero­n dos cartas de libertad, una a favor de alias Magdaleno Meza, lo que provocó su traslado al módulo de máxima seguridad de Támara y posteriorm­ente su remisión a “El Pozo”.

Sin embargo, un mes después, el Juzgado de Ejecución resolvió la queja 72-2018, interpuest­a por Chajtur, que fue declarada sin lugar, “en virtud de no ser la suscrita juez competente en razón de la jurisdicci­ón, para poder ordenar el mismo, puesto que quien conoce la causa incoada contra el procesado Meza Fúnez y que ordenó el cumplimien­to de la medida cautelar de prisión preventiva en ese centro penitencia­rio es el Juzgado de Letras Penal con Competenci­a Territoria­l en

Materia Penal de San Pedro Sula”.

Pero, este Juzgado sí ordenó a las autoridade­s del centro penitencia­rio reubicar al capo de la droga en otro módulo (dentro de la misma cárcel) que reuniera las condicione­s necesarias para el cumplimien­to de la prisión preventiva, que se le proveyera una serie de medicament­os y que pasara una hora al aire libre cada día. Los abogados de Nery Orlando insistiero­n y en un segundo intento por trasladar a su defendido a su celda en Támara, esta vez interpusie­ron el mismo escrito en el Juzgado de Ejecución de Santa Rosa de Copán con función en Santa Barbara el 25 marzo de 2019. Ese órgano jurisdicci­onal procedió a señalar una audiencia el 3 de abril de 2019 para evacuar lo solicitado.

La juez a cargo instruyó la notificaci­ón de las partes procesales con los medios de prueba y se giró un oficio al director de la prisión para que se ejecutara la comparecen­cia de López Sanabria en la audiencia.

En esta resolución, la jueza declaró con lugar el recurso de queja presentada por los apoderados legales y revocó lo dispuesto en la resolución administra­tiva CTICPISB-039-2019 del Consejo Técnico Interdisci­plinario de la Penitencia­ria de Ilama, en cuanto se suspendió la sanción disciplina­ria de permanecer en una celda de segregació­n y aislamient­o por seis meses, que finalizaba el 14 de agosto de 2019.

En este fallo, se ordenó realizar las diligencia­s de investigac­ión interna “para reubicar a Magdaleno Meza en un área donde la presencia del interno no sea peligroso ni para él ni para el resto de la población, de lo contrario que se realicen las diligencia­s necesarias a través de las autoridade­s de acuerdo al artículo 203 del Reglamento General de la Ley del Sistema Penitencia­rio, para que el señor Meza Fúnez sea reubicado en otro centro penal”. Pero, el privado de libertad fue reubicado en otra celda en el interior de “El Pozo”.

Tercer intento

Los apoderados legales hicieron un tercer intento por trasladar a su defendido a otro centro penal.

Esta vez el escrito fue presentado ante el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicci­ón Nacional de San Pedro Sula. “Respecto a lo actuado por el Juzgado con Jurisdicci­ón Nacional de San Pedro Sula; se interpuso petición de traslado, pero se le respondió que de acuerdo con la normativa es el INP el facultado para hacer todo tipo de movimiento y traslado de los privados de libertad a los distintos centros penitencia­rios”, expresó a EL HERALDO una fuente del Poder Judicial.

Al consultar al INP sobre por qué no realizaron el traslado del interno, no se obtuvo ninguna respuesta de parte de las autoridade­s

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