Mil millones en cárceles de máxima seguridad
Por medio del Congreso Nacional se busca reformar la Ley del INP debido a que la situación ya es insostenible
Inversión El Estado ha destinado millones de lempiras en la construcción de al menos tres centros penitenciarios con mejor infraestructura y tecnología de vigilancia, pero ha sido el recurso humano el que ha fallado al momento de evitar el control de los reclusos. Seis heridos dejó pleito entre reos en El Porvenir.
“La fiesta se les terminó”, “las cárceles ahora son un infierno para los reclusos”, “los criminales más peligrosos ya no harán sus fechorías”... Todas estas son promesas incumplidas.
El imponente calificativo puesto a las cárceles de máxima seguridad de Ilama (“El Pozo”), La Tolva (“El Pozo II”) y “El Pozo III”, generó optimismo en la población debido a que se decía que estarían completamente aislados. Los llamados módulos de máxima seguridad se comenzaron a implementar en el año 2011, cuando el entonces ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, junto al expresidente Porfirio Lobo Sosa inauguraron el primer proyecto a un costo de 89 millones de lempiras.
A los módulos ubicados en la cárcel de Támara fueron trasladados peligrosos pandilleros, que a las pocas semanas ya los habían destruido debido a la mala construcción.
En septiembre de 2016, el presidente Juan Orlando Hernández anunció el inicio de una nueva era para el sistema penitenciario nacional.
“Se acabaron los privilegios que estos delincuentes seguían teniendo dentro de las cárceles”, afirmó el mandatario.
Al mismo tiempo expresó que “he ordenado su aislamiento en celdas para una sola persona con acceso a la luz del sol solo por una hora”.
“Vamos a quitarles los anillos, las cadenas, vamos a mantener rapadas sus cabezas y no podrán tener más ropa que la anaranjada que los distingue como reos de alta peligrosidad”, enfatizó el mandatario.
Dentro de las promesas estaba el control interno de los centros penales, evitando el ingreso de armas, drogas, teléfono celulares u otros dispositivos electrónicos.
Estas medidas permitirían bajar los niveles de extorsión y de muertes ordenadas por los cabecillas de las maras y pandillas, quienes siguen teniendo poder aun recluidos. Estas cárceles son “El Pozo”, construida en el 2016 en Ilama, Santa Bárbara, a un costo que supera los 500 millones de lempiras.
En el 2017 entró en operaciones“el pozoii ”, llamado también La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, valorada en más de 500 millones de lempiras.
Y lo más reciente es la remodelación del módulo de máxima seguridad del centro penitenciario Nacional de Támara(CPNT ).
Como un centro penal moderno se vendió al pueblo hondureño el de El Porvenir, Francisco Morazán, que fue mal construido en un inicio y tuvo que ser remodelado para poder brindar los servicios esperados, donde ayer seis reos resultaron heridos en un amotinamiento.
En cada uno de estos centros se han registrado hechos violentos que han dejado en total más de una decena de muertos.
Existen muchas evidencias de que las promesas han sido incumplidas, debido a que tras las imponentes murallas siguen sucediendo una serie de irregularidades que demuestran la deficiente seguridad en estos recintos.
Los dos hechos sucedidos el fin de semana pasado son una muestra clara de la falsedad alrededor de estos módulos.
Por ejemplo, en el atroz asesinato del narcotraficante Nery Orlando López Sanabria, conocido también como Magdaleno Meza Fúnez, se evidenció que sí hay ingreso de armas, que los reos salen cuando quieren de sus celdas y que no usan la ropa color naranja anunciada.
También que no les rapan la cabeza, como lo anunció el mandatario, que las mismas autoridades les dan poder al nombrarlos como coordinadores de módulos y que ya han comenzado a tomar el control de estos recintos penales.
Las tomas de los videos difundidos evidencian que no solo toman el sol una vez al día y que no salen con grilletes de sus celdas para cualquier diligencia al interior del centro penal, como estaba establecido.
Es de fácil percepción que no existe un verdadero monitoreo de las cámaras de seguridad debido a que los agentes penitenciarios no lograron identificar antes del crimen que en el módulo uno de “El Pozo” había como una decena de reclusos armados, esperando que les abrieran el portón para atacar a López Sanabria.
Todo eso sucedió frente al director del centro penitenciario, que según conoció EL HERALDO, es un agente del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y no un militar activo.
Otras muertes
Lo mismo sucedió la noche del viernes 25 de octubre en la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, El Paraíso, llamada “El Pozo II” o La Tolva.
Ese día, pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) le quitaron la vida al “paisa” Marco Tulio Amador Varela con un arma de fuego en los predios del recinto.
Al igual que en “El Pozo”, los reclusos de La Tolva portan armas de fuego, salen a la hora que quieren y visten como quieren.
En el video que circuló en las redes sociales se ve a los antisociales con su peculiares tenis, con camisetas a su gusto, con calzonetas, buzos y gorras, ¿dónde está el uniforme reglamentario anunciado por el Poder Ejecutivo?
Atrás de esta muerte hay una serie de amotinamientos, otras muertes violentas, un sinnúmero de heridos, trasiego de armas,
drogas y artefactos electrónicos y, según expertos consultados por EL HERALDO, no se puede descartar que haya celulares.
En estos centros penales hay tres anillos de seguridad, dos de efectivos de las Fuerzas Armadas (FF AA) y uno del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
También han instalado modernos sistemas tecnológicos de escaneo humano y de otras cosas, pero nadie logra explicar cómo ingresan armas a estos centros.
EL HERALDO consultó al INP sobre el recuento oficial de los reos asesinados adentro de los centros penitenciarios, pero no dieron respuesta.
Según cifras del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), desde que comenzaron a funcionar estos recintos se contabiliza más de una decena de personas ejecutadas.
Sobre estos acontecimientos, el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, declaró ayer que “creo que debe de haber una investigación profunda y eso le corresponde a los órganos de investigación”.
“En el sistema penitenciario tiene que haber una investigación profunda y quienes estaban en esa cárcel (refiriéndose a ‘El Pozo’) ya fueron separados y están sujetos a investigación; eso ya le toca al Ministerio Público”, enfatizó.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Ángel Garachana, señaló ayer que el centro penal de Ilama no tiene ni máxima seguridad ni mínima rehabilitación