Controles en las cárceles de máxima seguridad
El sistema penitenciario en Honduras tocó fondo en 2019. La muestra más irrefutable son los últimos acontecimientos registrados en los centros penales de Tela, Atlántida y de El Porvenir, Francisco Morazán. En un período de 48 horas al menos 37 privados de libertad fueron asesinados a sangre fría en el interior de estas prisiones el pasado fin de semana, en dos hechos violentos que evidencian la incapacidad de los órganos del Estado de poner orden en las prisiones. Lo más preocupante es lo que ha venido ocurriendo en las promocionadas cárceles de máxima seguridad, en donde ingresar armas y drogas se ha tornado más fácil que intentar llevar un plato de alimentos hechos en casa a un privado de libertad. Uno de los casos más recordados por los hondureños que puso en duda las medidas de seguridad en las prisiones de máxima seguridad se registró en octubre pasado cuando en el interior de la cárcel “El Pozo I”, de Ilama, Santa Bárbara, fue asesinado a sangre fría el recluso Magdaleno Meza a manos de varios privados de libertad. La operación del asesinato del testigo de las llamadas narcolibretas quedó grabada en video y trascendió en los diferentes medios de comunicación. Este tipo de hechos han sido una constante en las principales prisiones del país, en donde el gobierno a través de las diferentes instituciones de seguridad afirman que mantienen controles estrictos para los privados de libertad.
En su defensa, las autoridades sostienen que las reyertas, casi permanentes en los centros penales, son una respuesta de los grupos criminales que operan en el interior contra las acciones que se realizan casi a diario. Entre estas figuran traslados de reclusos de alta peligrosidad, construcción de nuevos módulos de máxima seguridad, formación de agentes y asignación de recursos, entre otras medidas sin resultados.