Me quieren... no me quieren
Cuando concluyeron las campañas para las elecciones presidenciales de noviembre de 2013, las grandes propuestas de los aspirantes al gobierno de la nación se concentraron en las grandes preocupaciones que perturbaban el sueño de la población hondureña: la inseguridad, el desempleo, la insuficiente prestación de servicios de salud y educación. Muchas de ellas fueron adornadas con algunas exageraciones que se suelen escuchar de la boca de candidatos con poca o ninguna posibilidad de ganar la contienda, esos que también ofrecen resolver todo entuerto en cuatro años, así sean complejos problemas estructurales como la pobreza y la inequidad. El papel aguanta con todo…, y el micrófono mucho más.
Aquella elección tenía varias singularidades: era la primera en que el bipartidismo nacionalista y liberal se enfrentaba a nuevos adversarios con posibilidades de competir de tú a tú con el “viejo orden”; además, venía antecedida de una grave crisis que había polarizado al país, aumentando la desconfianza ciudadana en la política y en los políticos. Una de las opciones se presentaba a sí misma como “anticorrupción”, respondiendo intuitivamente y de forma certera al desafío que la población había empezado a identificar como uno de los más importantes. Así lo mostraban las encuestas de opinión pública y Transparencia Internacional, que ubicaba al país en la posición 133 (muy lejos del primer puesto de Dinamarca) y con un índice de percepción de corrupción de 28 (distante del 100 que caracteriza menor corrupción).
Curiosamente, ninguno de los participantes en aquella elección propuso el fortalecimiento de las instituciones que luchaban contra este mal, ni previó una solicitud de apoyo a la comunidad internacional para emprender esta faena. En Guatemala funcionaba desde 2006 una Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) de magros resultados hasta que llegó a ella en 2014 el comisionado Iván Velásquez, quien la lideró con éxito casi hasta su disolución.
No fueron actores políticos sino las voces airadas de la ciudadanía indignada -volcada a las calles con antorcha en mano desde mayo 2015 para protestar por el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) durante el cuatrienio 20102014las que pidieron la constitución en el país de una Cicih, una instancia parecida a la del país vecino. Después de un va y viene de reuniones, negociaciones y gestiones en las que solo el gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA) pudieron participar, finalmente se acordó en enero de 2016 -entre rechazo y escepticismo- la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), a cargo de la OEA.
Malquerida, entre críticas y desconfianza, así nació la Maccih (continuará)
No fueron actores políticos sino las voces airadas de la ciudadanía indignada -volcada a las calles con antorcha en manoque pidieron la constitución en el país de una Cicih...”.