La ampliación de la vacatio legis

El Congreso Nacional aprobó el sábado anterior una segunda prórroga por 45 días de la vacatio legis del nuevo Código Penal, hasta el 25 de junio de este año. Los congresistas justificaron su decisión en el hecho de que Honduras se enfrenta actualmente a “un gran reto como lo es la pandemia del virus del Covid-19 y los escenarios que se preveían hace seis meses han cambiado ya que la emergencia decretada por el Gobierno de la República ha dificultado una adecuada capacitación y socialización del nuevo Código Penal”.

En esa sesión, los diputados rechazaron también la iniciativa ciudadana contra la entrada en vigor de la norma presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y otras organizaciones populares, y respaldada por 12,770 firmas de las que el Registro Nacional de las Personas (RNP) validó 9,363, por considerar que la norma “es un instrumento que blinda a los corruptos y limita las libertades de los individuos”. Los congresistas cerraron así sus ojos y oídos a los clamores de muchos otros sectores, incluyendo fiscales del Ministerio Público, que han advertido que el nuevo Código “es el instrumento que los corruptos y la criminalidad organizada necesitan, porque está hecho a su medida y será perpetuador de la impunidad que tanto daño hace a la sociedad hondureña”.

Pero quedan 45 días por delante en los que los diputados deberían abrir esos espacios que dicen tener disponibles para escuchar a quienes cuestionan el contenido de la nueva norma y mostrar con ello su voluntad de poner a disposición de la sociedad un instrumento jurídico que no favorezca ni a los corruptos ni a los corruptores. Vivimos tiempos en los que el país demanda el fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad y la impunidad, nunca favorecer a quienes cometen estos delitos, y para ello es imperativo contar con herramientas jurídicas claras que coadyuven a ese objetivo. El Poder Legislativo debería trabajar para garantizar esa aspiración popular