Fiscalía indaga si diputada Zelaya entregó las mascarillas a Invest-h
Irregularidades Documentos oficiales indican que la empresa G y T devolvió más de L 20.3 millones porque Invest-h canceló la compra. Pero el contrato que se firmó contraviene la Ley de Contratación del Estado
La empresa Grupo de Gestión y Tecnología (G y T), de la diputada nacionalista Waleska Zelaya y su esposo Juan José Lagos, no solo vendió mascarillas sino que existen fuertes sospechas de que el producto nunca fue entregado.
Esta es la principal hipótesis de los fiscales anticorrupción en la línea de investigación que se sigue por la millonaria compra de mascarillas en un contrato firmado entre G y T e Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-h).
“Básicamente lo que se está investigando es compras de mascarillas que fueron pagadas, pero que se está indagando si finalmente fueron entregadas”, confió a EL HERALDO una fuente del Ministerio Público (MP).
Pero la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública también investiga una supuesta sobrevaloración de 474,000 mascarillas por un monto de 50.8 millones de lempiras.
Es decir, que cada mascarilla fue comprada por Invest-h a un monto de 107 lempiras.
La Secretaría de Salud, a través de su fideicomiso, compró las mismas mascarillas de igual calidad a 67.01 lempiras cada una, identificándose una sobrevaloración de alrededor del 60 por ciento.
Tanto Zelaya como Juan José Lagos comparecerán ante los fiscales en calidad de investigados por la presunta venta sobrevalorada de las mascarillas. La diputada será interrogada por los agentes de tribunales el miércoles 5 de agosto en un hotel capitalino. Mientras que su esposo, mañana a la 1:00 PM.
Ellos son investigados por la presunta comisión de los delitos de fraude y abuso de autoridad.
Anticipo
El exdirector de Invest-h, Marco Bográn, pagó a la empresa de Zelaya un anticipo del 40 por ciento de la compra, unos 20.3 millones de lempiras.
Así lo señala la orden de compra No. 019-2020 y la factura proforma No. 0943 del 13 de abril de este año.
Documentos oficiales aseveran que Invest-h canceló la millonaria compra, pero cuando
ya se había pagado el anticipo, por lo que Bográn exigió la devolución del dinero, porque no cumplieron con los plazos establecidos para la entrega.
Sin embargo, la empresa G y T a través de un oficio le respondió a las autoridades de Invest-h que los 20.3 millones de lempiras habían sido invertidos en la compra de las mismas.
Pero el presunto acto de corrupción de la diputada y su esposo está consumado, pese a que devolvieron el dinero al Estado.
La Ley de Contratación del Estado estipula una serie de aptitudes e inhabilidades para contrataciones. El artículo 15, numeral cuarto de la norma señala que los están inhabilitados funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos.
Esta prohibición se extiende al cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresa.
La misma ley bloquea a las sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas.
Empresa
Cuando la sociedad G y T se constituyó, la diputada Waleska Marlene Zelaya Portillo formaba parte de su Consejo de Administración, en calidad de tesorera. Posteriormente, se separó del cargo en enero de 2018, cuando inició su periodo como diputada.
Del señor Juan José Lagos se conoce que es socio y presidente de Grupo G y T. Además, es el máximo accionista de esta empresa y que fungió como presidente de la junta directiva del equipo de fútbol Real de Minas, mismo que fue financiado, dirigido y conformado por servidores públicos adscritos al Registro Nacional de las Personas (RNP).
El Grupo G y T se ha visto beneficiado con la adjudicación de contratos millonarios para la compra de papel de seguridad membretado utilizado para imprimir las partidas de nacimiento emitidas por el RNP, quedando en evidencia un conflicto de intereses