Una obligación que no debe ignorarse
La aplicación de la severa política antimigrante de Estados Unidos continuará este 2021, lo que dejará capturas y deportaciones de miles de hondureños que se encuentran sin documentos en ese país. Las estadísticas revelan que el arresto y deportación de hondureños indocumentados en esa nación del norte no pararon a pesar de la pandemia del covid-19. En el año fiscal 2020 -comprendido entre octubre de 2019 y septiembre de 2020- las autoridades norteamericanas detuvieron a 50,576 connacionales. Mientras que en los dos primeros meses del año fiscal 2021 -octubre y noviembre de 2020- los arrestos alcanzaron los 17,086 hondureños.
La mayoría de estos compatriotas regresarán a su tierra con las manos vacías, peor que cuando se fueron. A su retorno, funcionarios del gobierno los recibirán en las aduanas con un vaso de refresco y una comida ligera, pero la obligación del Estado no es solo quitarles el hambre una vez, su gran responsabilidad es la de garantizarles un futuro mejor.
Mientras unos vienen y otros van en busca de oportunidades, no se puede desde un atril en una oficina estatal culpar a la pandemia del coronavirus y a los daños causados por los fenómenos tropicales Eta y Iota de las nuevas caravanas de migrantes y de la desgracia económica de un país, sacudido constantemente por la indecencia de quienes lo han administrado.
Las causas estructurales de la migración ilegal no son desconocidas, están ahí visibles a todos: la pobreza, la despampanante corrupción, el desempleo, la violencia y la inestabilidad política; no se pueden esconder, lo que se debe hacer es atacarlas.
Solo así se podrá avanzar hacia un crecimiento y desarrollo económico sostenible, que con el tiempo conducirá a que ningún hondureño tenga que dejar atrás su tierra, su familia, su cultura y andar escondiéndose de las autoridades migratorias de otro país para poder alcanzar sus sueños como ser humano