Depuración judicial, un proceso fallido

Desde hace muchos años se viene hablando de la depuración dentro del Poder Judicial, sin embargo, este proceso no avanza porque viene siendo torpedeado desde lo interno de la institución, dejando graves consecuencias en la aplicación de la justicia y en el Estado de derecho.

Hay que recordar que para mejorar su operatividad en el 2011 se creó el Consejo de la Judicatura que entre sus atribuciones tenía nombrar y remover a magistrados de cortes de apelaciones, jueces, funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal, administrativo y técnico.

También estaba facultado para evaluar y capacitar a los funcionarios judiciales y ejercer el régimen disciplinario a los miembros de la carrera judicial. El 6 de septiembre de 2013 se nombró a los cinco concejales, cuatro años después éstos terminaron presos por corrupción en sus cargos.

Así, el intento de transformar el Poder Judicial retrocedió y ahora cojea cada vez más, por eso no es extraño que funcionarios con denuncias confirmadas, lejos de ser suspendidos o cancelados de sus cargos, más bien se les nombró como titulares de direcciones, como jueces, con asistentes también con denuncias hasta de portación ilegal de armas.

¿Qué credibilidad puede tener un funcionario judicial que recibió sobornos de un narcotraficante o que es manipulado por los políticos? ¿Cómo la población va a confiar en un juez de letras con jurisdicción nacional con 51 denuncias, algunas confirmadas por la Supervisión General del Poder Judicial, pero que continúa en su puesto como si nada?

El padrinazgo dentro de la Corte Suprema de Justicia para proteger a personal contaminado con los actos ilegales, la corrupción, la falta de independencia y el poco interés en fortalecer el proceso de depuración le hacen un enorme daño al sistema de administración de justicia y pone en precario la seguridad jurídica