EE UU, Turquía, Panamá y Guatemala enviaron al Ministerio Público informe de hospitales móviles
Las asistencias jurídicas internacionales serán parte de la carga probatoria del organismo fiscal ante el órgano jurisdiccional que conocerá el caso
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) judicializará en los próximos días la millonaria adquisición de los siete hospitales móviles.
Durante los últimos meses, la presentación del requerimiento fiscal estaba obstaculizada por la falta de las asistencias jurídicas internacionales solicitadas por la Fiscalía anticorrupción a los gobiernos de Estados Unidos, Turquía, Panamá y Guatemala. Una fuente ligada a las investigaciones reveló a EL HERALDO que “las asistencias jurídicas internacionales ya están en poder del Ministerio Público”.
Las asistencias jurídicas internacionales serán parte de la carga probatoria documental del organismo fiscal ante el órgano jurisdiccional que judicializará el expediente.
EL HERALDO consultó sobre los alcances de cada asistencia judicial, pero la fuente aseveró que su contenido es de “carácter reservado a fin de no entorpecer las investigaciones”.
Las asistencias jurídicas no son más que el resultado de la colaboración de un Estado a otro a fin de resolver satisfactoriamente diferentes aspectos de un proceso judicial.
Y en Honduras servirán como guía a los fiscales para detectar el rumbo que se le dio a los millonarios recursos estatales que se desembolsaron en la compra de los hospitales de los cuales cinco aún no operan.
Carga probatoria
Entre las pruebas más contundentes que presentará la Fiscalía figuran una pericia biomédica realizada a los hospitales, una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, las facturas de la compra y las declaraciones de una serie de testigos, entre otras.
Los principales investigados por la compra son el exdirector de Invest-h, Marco Bográn, y el exadministrador Alex Morales, que en una compra de buena fe
desembolsaron a favor de la empresa Elmed Medical System más de 1,174 millones de lempiras por los siete hospitales.
Ellos son investigados por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
Informes de la Fiscalía han concluido que los hospitales no son aptos para atender a pacientes afectados con el covid-19. Algunos de los hospitales dan asistencias de otras patologías