A RESPONDER A LA JUSTICIA
Megacorrupción En el requerimiento fiscal figura el señor Axel López, quien le vendió los siete hospitales al Estado. Este día a las 9:30 AM se desarrollará la audiencia de declaración de imputados
TRIBUNALES El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el exdirector ne Invest-H, Marco A. Bográn; el exgerente administrativo, Alex Moraes; y el proveedor, el estadounidense-guatemalteco Axel López. Los nos primeros están ya en manos ne la justicia y sobre López se ha pedido ornen ne captura internacional. Los delitos son abuso ne autoridad y fraude por la compra ne siete hospitales móviles en L 1,200 millones.
Una extensa investigación del Ministerio Público (MP) por la compra sobrevalorada de siete hospitales móviles derivó en la detención de dos de los principales sospechosos del caso, calificado por el MP como un reprochable acto de corrupción.
Ayer, el exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h), Marco Antonio Bográn, y el exadministrador de ese organismo, Alex Alberto Moraes Girón, fueron capturados mientras rendían declaración por otro proceso investigativo en el MP.
El reloj marcaba las 2:45 de la tarde cuando un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) irrumpió en la sala donde Bográn y Moraes declaraban por la compra sobrevalorada de medicamentos, cuando un agente les notificó que quedaban bajo arresto y acusados por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Tanto los detenidos como su defensa reaccionaron sorprendidos con la detención.
“Todo fue una trampa, lo citan por este caso, pero luego le notifican que queda con detención preventiva”, aseveró Marco Tulio Castro, defensor legal de Bográn.
El abogado Castro aseveró que tanto él como los dos acusados desconocían sobre la interposición del nuevo requerimiento fiscal.
“El hombre es inocente, hasta donde yo sé, y un dictamen que tengo dictado por un biomédico, los hospitales móviles funcionan, lo que pasa es que no fueron diseñados para covid”, reconoció.
Los exfuncionarios fueron puestos a las órdenes del Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción al filo de las 4:45 de la tarde, pero una hora más tarde el Poder Judicial informó que la audiencia de declaración de imputado se desarrollará hasta este día a las 9:30 de la mañana.
Los dos detenidos quedaron bajo custodia en una celda en el interior del juzgado.
Acusación contra Axel López
El requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) incluye al guatemalteco-estadounidense Axel López, personaje que sirvió como intermediario con sus empresas Elmed Medica lSystemy Hospitales móviles. compara ejecutar la millonaria compra a varias compañías de Turquía.
Axel López tiene fijada su residencia en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, por lo que la Fiscalía General de la República comenzó a realizar las primeras diligencias internacionales con agencias estadounidenses para que se ordene su pronta captura y sea extraditado a Honduras.
López fue acusado por dos delitos de fraude a título de cooperador necesario.
Investigación
La indagación de los fiscales anticorrupción, liderada por el fiscal Héctor Morales, comenzó el 7 de julio de 2020 y se extendió durante nueve meses.
Entre marzo y abril de 2020, primeros meses de la pandemia, el Estado hondureño a través de Invest-h compró siete hospitales móviles para atender pacientes con covid-19.
Invest-h, a cargo en ese momento de Marco Bográn, desembolsó 1,174 millones de lempiras en un “acuerdo de buena fe” a favor de Axel López.
En ese sentido, las investigaciones del equipo fiscal concluyeron que Bográn y Moraes, “con violación a los principios fundamentales de la contratación pública contenidos en el ordenamiento jurídico hondureño, realizaron la compra de los hospitales de manera directa y fraudulenta con Axel Gamaliel López”.
Y no solo eso, sino que los exfuncionarios pagaron “de manera anticipada el cien por ciento del precio, sin que el proveedor tuviera la capacidad técnica y financiera requerida, sin estipular el otorgamiento de las garantías correspondientes para salvaguardar los intereses económicos del Estado y sin previa autorización del Consejo Directivo de Invest-h”.
Durante el proceso de investigación, los fiscales identificaron que las empresas de Axel López no contaban con la experiencia para ejecutar la compra, incurriendo en forma indebida al uso de información que no le pertenecía a fin de lograr la venta con el Estado.
La adquisición incluía tres hospitales móviles de 91 camas, que serían instalados en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca, y cuatro hospitales de 51 camas que serían instalados en La Ceiba, Choluteca, Juticalpa y Santa Rosa de Copán.
Los hospitales llegaron con atrasos considerables en los tiempos de entrega, incompletos en los equipos ofrecidos y sin que el proveedor prestara la atención técnica extranjera especializada para su fácil instalación.
Además fueron comprados sin existir un proceso de contratación con garantías, con documentación de oferta de dudosa pertenencia de parte del proveedor y falta de supervisión de la construcción de estos hospitales de un tercero calificado.
También se enumera el proceso de llave en mano fallido y la entrega del anticipo del 100 por ciento al proveedor no calificado con altas probabilidades de incumplimiento entre las irregularidades. A la fecha solamente los recintos hospitalarios de Tegucigalpa y San Pedro Sula están instalados, pero funcionan a cuentagotas.
Utilidades
Con información financiera obtenida mediante la asistencia jurídica internacional brindada por Estados Unidos, los fiscales lograron acreditar que por un acto de mera intermediación Axel López obtuvo utilidades por más de 20 millones de dólares a cambio de entregar las siete unidades hospitalarias.
Los informes biomédicos y dictámenes periciales rendidos por expertos e inspecciones realizadas concluyeron que los recintos hospitalarios no reúnen las condiciones requeridas para el aislamiento y tratamiento de personas afectadas por el coronavirus, causando un “enorme daño para la salud del pueblo hondureño y el patrimonio público”.
La millonaria compra desató la polémica e indignación de la sociedad hondureña, que constantemente presionaba para que se judicializara el caso de los hospitales móviles.
El Ministerio Público informó que “la investigación sobre estos hechos continúa para establecer la participación y responsabilidad de otras personas involucradas en la comisión de delitos”