Las prioridades del Estado

En momentos en los que, como consecuencia de la pandemia, más de 200,000 niños, niñas y jóvenes han quedado fuera del sistema educativo por no tener acceso a los aparatos y redes que sustentan la educación digital a la que ha obligado la crisis sanitaria, se conoce que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha presupuestado la compra de 20,000 tablets para el proceso electoral de noviembre, que costarán 242 millones de lempiras.

El precio por unidad de cada uno de los aparatos electrónicos es de 502 dólares, unos 12,100 lempiras al tipo de cambio actual, es decir, que costarán 7,956.25 lempiras más de las que el ministerio de Educación dijo en febrero pasado que compraría para dotar a los estudiantes del sistema público de enseñanza que no cuentan con uno para acceder a las clases en línea. La compra anunciada fue de 200,000 equipos de los cuales solamente han entregado 3,147.

Llama la atención las diferencias en costos entre unos y otros aparatos tecnológicos y la opacidad que por ahora envuelve el proceso de contratación de los equipos.

No se vería mal que compras de esta magnitud fueran socializadas y definidas con base en las necesidades de la población y en el marco de las posibilidades económicas del país.

No se trata de estar en contra de la digitalización del sistema electoral por el simple hecho de estarlo, sino de definir el gasto con base en las necesidades que vive actualmente la sociedad hondureña, principalmente en los sectores de salud y educación, con hospitales colapsados, triajes cerrados, sin vacunas y miles de niños, niñas y jóvenes sin acceso a las aulas de clase y al sistema de enseñanza por la falta de acceso a un aparato tecnológico. La situación financiera del Estado demanda que la transparencia sea el eje transversal de todos estos procesos, más con las experiencias que han dejado compras millonarias como la de los hospitales móviles, los ventiladores mecánicos y las pruebas PCR que llegaron incompletas, entre otros ejemplos