Tener poder y poder tener
Ados meses de las elecciones generales, donde escogeremos al nuevo administrador de la crisis de la República, la democracia hace su número espectacular y sus partidos políticos serán parte fundamental para darle legalidad a las grandes soluciones que requiere el país.
¡Hay que votar!, no como mero formalismo ni para complacer las glotonerías bizarras de un puñado de candidatos. En realidad, hay que hacerlo para recuperar el hilo conductor de la democracia en las elecciones, misma que ya camina dando tumbos, con la traición sobre sus espaldas de las últimas elecciones, bajo las lámparas ahumadas de la incertidumbre política.
Por eso es vital que esta vez votemos y confiemos en nuestras instituciones. Una de ellas es el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), con la insobornable tarea de ser incondicional para garantizar que este organismo de Estado cumpla cabalmente con su función en el marco de la Ley Electoral que surge para dar certeza a uno de los aspectos centrales de la democracia: las elecciones. El voto del ciudadano es una expresión, nada más, pero es la justicia electoral la que garantiza un Estado de derecho, donde la elección de un gobierno es guiada por la ley y la imparcialidad. Por eso es que el TJE debe ser implacable, pues se le ha empoderado y dado la confianza de la sociedad para fortalecer el proceso electoral; además, debe ser fuerte sin que le tiemble el presupuesto, la moral y los nervios para sancionar a quienes quieren pasar por encima de la ley y la voluntad del pueblo.
Estas elecciones son trascendentales para Honduras, porque nunca antes tuvo tantas herramientas y reformas políticas para buscar la consolidación de un proceso transparente y justo bajo la estricta observancia de la ley. ¡No hay excusas!, incluso, más partidos políticos han surgido hasta para tirar hacia arriba, como confites en una fiesta infantil, y eso contribuye al ofrecer mayores opciones a la ciudadanía, con el fin de fortalecer la democracia para su afianzamiento. Este tribunal debe ser la consolidación de los procesos electorales que nos garanticen otra democracia, pues está en la obligación de ser congruente con los principios de constitucionalidad y legalidad. Adicionalmente, el TJE está constitucionalmente acreditado para sancionar las malas prácticas de la manipulación electoral, pues así como va la fiesta con falencias del sistema que transgreden las buenas prácticas y generan un pantano de dudas. Este tribunal debe tener el acero de su temple para el buen funcionamiento del sistema constitucional.
¡Ya no podemos fracasar!, es inexcusable la obligación de investir a un candidato manchado de malversaciones electorales, tampoco podemos otorgar la confianza a un gobierno estructurado por los tentáculos del crimen electoral. ¡Ya es el momento de tachar con tinta indeleble esta democracia incipiente de políticos autoritarios y mediocres encaramados en los fraudes!, domando los potros de la ley con el látigo del dinero y las rabietas de la extorsión. El TJE está investido de autoridad, y la debe ejercer; o bien, optar por el camino oscuro de barnizar la mentira con el falso brillo de la civilización política, porque en la democracia es cuestión de razonar el tener poder, más no de poder tener
¡Hay que votar!”.