Los depurados de la Policía Nacional
Esta semana, el director de la Policía Nacional, comisionado Gustavo Sánchez, ha sorprendido a muchos con la noticia de que estarán recontratando alrededor de 2,000 agentes policiales depurados y retirados por la comisión conformada para tal fin en la administración del expresidente, hoy extraditado a los Estados Unidos, Juan Orlando Hernández.
Se supone que muchos de los entonces depurados, desde la escala básica hasta oficiales superiores, no cumplieron con los estándares de evaluación establecidos por la comisión depuradora, que terminó separando de sus puestos a más de 6,000 miembros y presentando al Ministerio Público al menos 1,700 expedientes de personal con indicios de haber cometido delitos.
La Policía Nacional ocupaba entonces el para nada honroso primer lugar de la peor policía de la región latinoamericana por estar corroída por la delincuencia y el narcotráfico, por su colusión con el crimen común y organizado, el encubrimiento institucional a los delincuentes, entre otros señalamientos, que hoy concluyen con la pronta extradición del exjefe policial Juan Carlos “El Tigre” Bonilla a los Estados Unidos.
La depuración policial ha sido un proceso en el que el Estado ha invertido recursos y millones de lempiras que no deberían tirarse al cesto de la basura con decisiones precipitadas, que en vez de fortalecerlo, lo debiliten.
El exmiembro de la Comisión Depuradora, Omar Rivera, ha calificado la decisión de “equivocada”, “una involución, un retroceso en el marco de la reforma impulsada”.
No hay que olvidar que este fue un proceso esperanzador que suponía la formación de un estamento menos corrupto y más respetuoso de los derechos humanos; un proceso en el que se debe seguir trabajando, que en este momento debería requerir del análisis profundo de quienes serán los reintegrados a la misma