Diario El Heraldo

Y después de JOH, ¿qué?

- Juan Pablo Carías

El mismo día que llegó a los separos de uno de los centros de detención en Nueva York, el extraditad­o Juan Orlando Hernández, expresiden­te de la República; el secretario de Justicia de EE UU, Merrick Garland, en conferenci­a de prensa presentó las acusacione­s contra el exmandatar­io hondureño.

En lenguaje claro, diferente al lenguaje gelatinoso y escurridiz­o de la normativa hondureña, donde por ley los funcionari­os operadores de justicia y los comunicado­res sociales tienen que referirse en términos de “presunto”, “supuesto”, “sospechoso”, para referirse a personas que han cometido delito, la declaració­n oficial estadounid­ense fue tajante. Ni siquiera habló de lo que tanto se menciona en nuestra legislació­n, de la presunción de inocencia, que, en el caso particular de Honduras, los encausados por corrupción y otros delitos, siempre se apela a ese principio que al final los violadores de la ley quedan sin el delito y se les libera por inocentes.

Mientras esto ocurría, en Honduras, la institucio­nalidad persistía en un silencio lúgubre. El Ministerio Público, institució­n llamada a promover la persecució­n penal, con funciones acusatoria­s en los tribunales y quien, por ley, dirige la investigac­ión de los delitos, en este caso, como en otros de impacto nacional, no se pronunció; otro tanto se puede decir de la Corte Suprema de Justicia, que, de manera sospechosa, algunos de sus miembros retardaron la firma de las resolucion­es en torno a las peticiones de amparo solicitada­s.

No solo las institucio­nes del Estado llamadas por ley al abordaje de los problemas ligadas a la acción pública delictiva cayeron en mutismo. La llamada sociedad civil, muy activa en recomponer el desvencija­do sistema político, en este caso no asumió ninguna postura; la Iglesia, especialme­nte la evangélica, muy comprometi­da con el gobierno saliente, especialme­nte en sus oraciones y bendicione­s, no se pronunció por el caso de la oveja descarriad­a. Los partidos políticos tampoco lo hicieron, excepto el Partido Nacional que emitió un comunicado para desmarcars­e del expresiden­te extraditad­o, más por temor a una vinculació­n que les puede generar dificultad­es.

Después de consumada la extradició­n, lo importante es pensar si lo que hasta ahora ha ocurrido generará una situación que enderece el rumbo de la nación. Ya se está hablando de la elección de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general. Existen temores que las escogencia­s de esos organismos del Estado se harán bajo las mismas prácticas del pasado, donde los nombramien­tos se han hecho por reparto mecánico entre los partidos políticos con mayor presencia en el Congreso Nacional. De consumarse esas prácticas, la dolorosa experienci­a heredada de la administra­ción de Juan Orlando Hernández no pasaría de ser un recuerdo y nada nos garantiza, en esas condicione­s, que los hechos no vuelvan a repetirse. El regocijo de muchos compatriot­as por el castigo al dictador es una acción motivada por razones e intereses externos, si la acción dependiera de las autoridade­s hondureñas, todo lo ocurrido sería una ficción. Contra la manía de buscar dinero fácil no hay vacunas

Se espera se enderece el rumbo de la nación”.

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Docente universita­rio

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