De los mejores, los mejores a la CSJ
Por experiencias anteriores, cuando se constituyó la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, amplios sectores de la sociedad hondureña empezaron a dudar si esta comisión haría un trabajo libre de las influencias partidarias. La composición política de la Junta es bastante heterogénea y si se cae en el mecanicismo filosófico de que las personas con frecuencia expresan sus ideas políticas en determinación a las condiciones de los grupos de poder, la conclusión no era peregrina. Sin embargo, las apreciaciones han sufrido un giro inesperado.
La Junta Nominadora ha hecho un trabajo bastante aceptable, sin desconocer la complejidad de todo proceso de evaluación, que, con frecuencia los excluidos, como en el sistema educativo nacional, terminan responsabilizando a los profesores.
En el trabajo de la Junta, hasta ahora, no se han escuchado desencuentros insalvables en su actividad de escogencia de candidatos, algunos de los cuales, a sabiendas que tenían serios cuestionamientos, tuvieron el cinismo de presentarse como aspirantes a tan elevados cargos. Nos alegra que en la nómina estén quedando muchos candidatos con ejecutorias en su vida profesional intachables, abogados que en el ejercicio de su profesión han sabido honrar su trabajo. Si la elección y nombramiento por parte de los diputados se fundamentara en la meritocracia, tendríamos una corte de calidad.
Los dirigentes políticos han estado defendiendo la idea de que el nombramiento de los magistrados deberá responder a un acuerdo que implique un reparto del órgano de justicia más elevado del país. Esa original idea surgida de nuestros políticos no tiene asidero en la experiencia de otros países. Si los políticos logran repartirse la Corte, sin tomar en cuenta la calidad profesional y ética de los candidatos, tendríamos un organismo a la medida de sus ambiciones deleznables.
En los últimos años, en América Latina, se ha judicializado la política. Gobiernos legítimamente electos por el pueblo, utilizando arbitrariamente un sistema de normas al servicio de los grupos privilegiados, han sido enjuiciados, desplazándolos del poder. Se ha deturpado la acción de la justicia politizando sus instituciones. Los acuerdos de reparto de los miembros de la CSJ politizarían un acto que busca reafirmar la independencia de poderes y desnaturalizaría principios básicos de la sana administración de justicia. Como un peligro, llegar a acuerdos sobre el reparto de cargos es posible, después se pondrán de acuerdo sobre la administración de la acción investigativa y de condena a los actos de corrupción. Es mejor escoger entre los mejores, los mejores.
Ya hay experiencias de sobra, que, cuando el criterio que se impone es la militancia y la lealtad al líder político en la escogencia de los candidatos, la justicia termina alineándose, de manera perversa, en favor de quienes determinaron el nombramiento de los jueces y magistrados. Se necesita una Corte Suprema al servicio de todo el pueblo y no de grupos políticos y económicos
Se necesita una Corte Suprema al servicio de todo el pueblo y no de grupos políticos y económicos”.