La Corte que quisiéramos
Piense en un tema cualquiera, el que sea, es seguro que ya hay una ley en Honduras para eso. Alguien preguntó el otro día sobre cuántas leyes tenemos y la respuesta nos dejó perplejos: como 17,000; una más, una menos, nadie sabe exactamente. En lo que sí estamos claros es que no se aplican, en que la impunidad, la componenda y la prevaricación ya no son noticia.
Pero no son estos desajustes los que animan las discusiones para escoger a los 15 magistrados que integrarán la nueva Corte Suprema de Justicia -que deberá analizarse en el Congreso Nacional la próxima semana-, más que los especialistas, son los políticos los que acaloran sus intereses y tratan de influenciar la selección de los candidatos.
Es ingrata la tarea de la Junta Nominadora -igual que un árbitro de fútbol, siempre habrá inconformes al final de partido- porque tiene que descalificar a tantos, de los 185 postulantes aprobarán al menos 45; aparte de los requisitos que deben cumplir los abogados aspirantes, tienen que superar exámenes de competencias.
Desde luego, no basta con que alguien conozca la ley, la técnica y toda la mecánica que gira en torno a la aplicación de la justicia; es una condición esencial la impronta que un aspirante ha dejado en su vida, cómo ha sido su comportamiento y cuán cerca está de la integridad.
Por supuesto que no podemos pretender anacoretas y monjes zen como magistrados de la Corte, pero que al menos la decencia remplace los ejemplos que hemos tenido hasta ahora, como la hornada vergonzosa que dejará sus puestos, con una estela de señalamientos y malas vibras.
Ya estaba cantado lo que haría esta Corte -que afortunadamente
No podemos pretender anacoretas y monjes zen como magistrados de la Corte, pero que al menos la decencia remplace los ejemplos que hemos tenido hasta ahora”.
ya se va- desde la escogencia artificiosa hace siete años, bajo escándalos de compra de votos, imposiciones, amaños. Sirvió para avalar la cuestionada reelección presidencial y la absolución de acusados por corrupción y otros delitos mayores, particularmente a diputados y funcionarios del Partido Nacional.
Eso y más dejan entrever que para los nacionalistas es crucial mantener el control de la Corte Suprema, sobre todo para los que están y estuvieron recientemente en el poder, les va la vida en ello, y han activado feroces todas sus herramientas: voceros, “analistas” y negociadores, que les permitan conseguir desesperados todas las sillas que puedan en la sala de la justicia.
Los pleitos políticos para escoger a los magistrados y el compromiso para aplicar la justicia casi casi hacen olvidar que los nuevos integrantes de la
Corte también tendrán la obligación de mejorar la infraestructura de los tribunales, la capacitación de jueces, la ampliación de la cobertura y la atención de la mora judicial.
En una sociedad ideal, para nosotros, ciudadanos comunes, bastaría con que la Corte nos transmitiera confianza; saber que si uno de nuestros derechos fuera atropellado, allí tendríamos amparo, protección; pero no, es exactamente lo contrario