Sumas y restas (1/3)
Ya casi nadie lo recuerda, pero al iniciar el nuevo milenio, un informe especial del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos sobre el desempeño del Poder Judicial condujo a una profunda reforma constitucional que cambió la composición de la Corte Suprema de Justicia y el mecanismo para seleccionar y elegir a sus integrantes. Eran tiempos favorables para este tipo de acciones: el país se recuperaba del huracán Mitch y la sociedad hondureña reclamaba transformaciones, aprovechando el inmenso apoyo de la comunidad internacional y el visible agotamiento del modelo político y social, incapaz de hacer frente a las crecientes demandas de la población.
La percepción generalizada de una impartición de justicia lenta, parcializada, politizada y sometida a intereses diversos —alejados del bien común y de la protección de los derechos de quienes acudían buscando su amparo— era una de esas demandas y no parecía encontrar eco entre las dirigencias partidarias nacionales, más preocupadas por acceder al poder político a toda costa y de mantenerse en él sin importar las consecuencias. En ese entonces, tratándose de la cúpula del Poder Judicial, una vez instalado el presidium para un nuevo cuatrienio del Poder Legislativo, los principales partidos (Liberal y Nacional) escogían a cinco o cuatro abogados de reconocida filiación y luego el Congreso Nacional ratificaba esa selección con sendas votaciones confirmatorias. Quien había ganado la elección presidencial y, proporcionalmente, la mayoría del parlamento, tendría más magistrados y uno de ellos sería el titular del pleno del órgano colegiado. Era una regla no escrita, aceptada y cumplida religiosamente.
La reforma llevada a cabo en 2001 aumentó de 9 a 15 el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, amplió el tiempo de ejercicio de 4 a 7 años, creó una Sala Constitucional de 5 miembros y estableció un procedimiento de nominación para los aspirantes a ser magistrados (Junta Nominadora), que daba participación a distintos sectores de la sociedad y facilitaba un ejercicio de selección previa de los candidatos que podría elegir el Legislativo. Además de inédita, la primera elección de magistrados en 2002 fue histórica por muchos motivos, destacando el nombramiento de la primera mujer como presidente de este poder del Estado. Sin embargo, contrario a lo que algunos de los promotores de la reforma habían previsto, la distribución de integrantes de la nueva Corte Suprema de Justicia volvió a hacerse utilizando criterios de identidad partidaria, eligiéndose una mayoría de magistrados para el partido que recién había triunfado en los comicios generales de noviembre de 2001. Aunque los partidos se quejaron entonces porque los de la Junta Nominadora “les estaban haciendo difícil la escogencia”, se las arreglaron muy bien para identificar a “los suyos”.
Cada siete años, el ejercicio identitario se ha repetido, aunque —como veremos— evolucionó de ingeniosas e impredecibles maneras (Continuará)
Cada siete años, el ejercicio identitario se ha repetido, aunque —como veremos— evolucionó de ingeniosas e impredecibles maneras”.