Las fuerzas irracionales de Honduras
Los cuerpos sin vida de tres mujeres que habían desaparecido en la isla de Roatán fueron hallados en el interior de un vehículo. Una escena nada más, de las miles que se archivan en el álbum fotográfico de la impunidad en este país. Entre 2002 y 2023, más de 8,100 mujeres murieron en circunstancias violentas, de acuerdo con estadísticas de los organismos de derechos humanos. Solo en los pocos días de este enero de 2024, más de una decena de mujeres han muerto de manera cruel en ese territorio, manchado de por estadísticas sin ley.
La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, pidió que paren los asesinatos en contra de las mujeres en el país y advirtió de que la ONU va a seguir “levantando la voz contra la violencia de género”. Es momento de decir ya basta alrededor de la pérdida de la vida de mujeres. Y es que, en este país, los feminicidios no son un fenómeno nuevo, pero sí uno que se ha agravado en los últimos años por la falta de acción y voluntad política de las autoridades uniformadas de inoperancia. De ellos, parece que el único trabajo es recoger cadáveres de mujeres asesinadas por razones de género. Todo ello evidencia la vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan las mujeres en un país donde la violencia machista se ha normalizado e institucionalizado. rojo,
Ya es hora de ir señalando el rol de los poderes fácticos que operan en el país, como el narcotráfico, pandillas, el crimen organizado y los grupos armados ilegales, que ejercen un cuarto poder sobre el Estado y la sociedad. Estos actores generan un clima de inseguridad, corrupción e impunidad, que favorece la perpetración de delitos contra las mujeres, sin que haya una respuesta efectiva por parte de la justicia. Además, estos poderes fácticos imponen una cultura patriarcal y machista, que legitima y reproduce la violencia contra las mujeres como una forma de control y dominación. Y en este punto crítico hay que desnudar el papel de las políticas erráticas y contradictorias que ha adoptado el gobierno en materia de género y derechos humanos. Por un lado, el gobierno ha ratificado varios tratados internacionales y ha promulgado leyes y planes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, por otro lado, el gobierno ha ignorado la implementación de estas medidas y ha desatendido las demandas y propuestas de las organizaciones feministas y de derechos humanos. Así, el gobierno ha demostrado una falta de coherencia y compromiso con la protección y garantía de los derechos de las mujeres. Estos dos factores se combinan para crear un escenario propicio para el incremento de los feminicidios en país, donde las mujeres son víctimas de una violencia sistemática, estructural e histórica, que se expresa en múltiples formas y ámbitos. Los feminicidios son la expresión más extrema y brutal de esta violencia, que busca eliminar a las mujeres por el simple hecho de serlo. Los feminicidios son también una forma de terrorismo, que busca generar miedo e intimidación en la población femenina, para limitar su participación y su autonomía.
Ante esta realidad, es urgente e imprescindible que el Estado asuma su responsabilidad como garante de los derechos humanos de las mujeres y adopte medidas efectivas para prevenir, investigar, sancionar y reparar los feminicidios y toda clase de violencia en contra de las mujeres.
No es eligiendo una mujer para presidenta, o allanando el camino de otras mujeres en política como se respeta la dignidad, es necesario que la sociedad civil se movilice y exija al Estado el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto a la dignidad y la vida de las mujeres. Solo así se podrá frenar esta ola de violencia que azota al país y se podrá construir una sociedad más justa e igualitaria para todas y todos