Violencia desbordada

Las muertes violentas están al alza en el país, pero con énfasis en el oriental departamento de Olancho, donde en las últimas horas asesinaron y quemaron los cuerpos de dos hombres y un padre fue asesinado junto a su hijo cuando transitaban por una calle de tierra rumbo a la aldea El Alto Palala del municipio de La Unión.

Sin embargo, estos no son los únicos casos, incluso, el departamento está a la cabeza de la lista de las regiones del país con mayor número de muertes de mujeres, y el país encabeza la lista del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) con la tasa más alta de feminicidios (6.0 por cada 100,000 mujeres) en el continente en 2022. En el país, la realidad parece superar la narrativa oficial que recalca sobre la reducción de la tasa de homicidios, ya que los informes sobre las muertes violentas son la constante en los medios de comunicación.

Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se han hecho eco de la problemática y han demandado del Estado y gobierno hondureños, en el caso de los femicidios, “desarrollar e implementar, de manera urgente, una estrategia integral del Estado para el abordaje de la violencia por razón de género”, estrategia que sin duda debería ser extendida para atacar con firmeza el fenómeno que cobra la vida de miles de personas al año en el territorio nacional.

El ministro de Seguridad ha dicho esta semana a los periodistas que las muertes violentas registradas en las últimas horas en Olancho, por sus características, estarían vinculadas al crimen organizado y que las mismas están en investigación. Queda esperar que esas investigaciones sean efectivas y que las mismas lleven a las autoridades a determinar sus causas, para que las mismas puedan ser atacadas con efectividad, y que los responsables sean juzgados en los tribunales competentes