La ley del pueblo
En un jolgorio de aplausos y palmoteos de arrastre político, el Congreso Nacional instaló la tercera legislatura del período 2022-2024, aún manteniendo la deuda de una agenda clara, empantanada en los acuerdos pendientes. Entre estos pendientes se encuentran la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la ratificación del fiscal general y adjunto interino.
La nebulosa junta directiva, hasta hoy sin la convocatoria oficial a los diputados, replantea las misas negras en los protocolos de la negociación del pastel que queda para dos años más.
Lo único que tiene en la mano es el quórum de 65 miembros para celebrar sesiones, luego que varios diputados opositores ya le pusieron compra y venta a su voto, a cambio de puestos en la nueva junta directiva, para alcanzar las migajas del poder.
Mientras la bancada nacionalista detrás de los bastidores se arremanga las posturas para negociar la impunidad y las sobras del silencio judicial, para ratificar a los titulares del Ministerio Público. En un beneplácito de vergüenza y ambición en año político, lo más fácil es ser parte del circo y sus favores, lejos de aprovechar la oportunidad para debatir y consensuar las reformas que el país necesita. El actual Congreso está fielmente concentrado en defender los intereses de sus propios partidos y bloquear cualquier iniciativa que no les convenga, dejando en el olvido proyectos de ley que buscan mejorar la educación, la salud, la seguridad, la lucha contra la corrupción y la protección del medio ambiente.
Más allá de la ilegal junta directiva, el resto del Congreso no solo es irresponsable, sino también antidemocrático. Al anteponer sus intereses partidarios a los del país, los congresistas están traicionando el mandato que les otorgaron los ciudadanos. Ellos están desatendiendo las demandas y necesidades de la población, y así carcomen la poca democracia que nos queda.
El papel de los congresistas es fundamental para garantizar el equilibrio de poderes. Ya sabemos que el único papel que conocen es el de la papeleta por la que cada cuatro años se mueven por sus prebendas para eternizar en las dictaduras de las momias envueltas en el papel moneda del tráfico de las influencias, pasando por encima de cualquier asomo de respeto a la Constitución.
Depurar a los congresistas debería ser una campaña de sanidad nacional. Con ello, quizá exista la coherencia y no fingir demencia en sus proyecciones a favor del Estado de derecho, de un orden jurídico que garantice la vigencia de las normas, la separación de funciones, la independencia judicial, el control constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
Una depuración a favor de un Estado de derecho que implique que los congresistas cumplan con las funciones legislativas, de control político y de participación ciudadana, con transparencia, responsabilidad y ética. Debe procurarse con ahínco que los congresistas respeten la autonomía de los otros poderes del Estado, sin interferir en sus decisiones ni ejercer presiones indebidas. Además, que los congresistas promuevan leyes que fortalezcan el sistema jurídico, que amplíen el acceso a la justicia y que garanticen el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, que contribuyen al desarrollo democrático del país, al fortalecimiento institucional y a la consolidación de la paz. No con larvas de polarización que encienden el conflicto social.
La única ley -por decreto del pueblo- debería ser que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto con criterio, informándose sobre las propuestas y trayectorias de los candidatos al Congreso. Así se podrá elegir a quienes realmente representen los intereses y las necesidades de la sociedad, y no a conserjes de las mafias políticas