Un derecho inalienable
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció el nombramiento de una comisión legislativa “para investigar, analizar y proponer soluciones congruentes que mejoren el estado actual de la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras” y “analizar y atender la situación de las radios comunitarias”.
Justifican que es una decisión que se deriva de la reunión sostenida con una comisión de la Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, tras la cual, la relatora especial Irene Khan manifestó que los hondureños de diversos sectores “siguen corriendo un alto riesgo de sufrir violencia, ataques por motivos de género, intimidación, campañas de difamación y acoso judicial”, pidió al gobierno una revisión “importante” del Mecanismo de Protección para Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, y despenalizar los delitos contra el honor.
A pesar de ello, los legisladores no hacen referencia a ninguno de los puntos señalados por la funcionaria de las Naciones Unidas al término de su misión en el país en noviembre del año pasado. La actual gestión del Poder Legislativo es, en estos momentos, cuestionada por la parálisis legislativa de más de tres meses, la incapacidad manifiesta al diálogo de su titular, su gestión autoritaria y poco transparente, y los reiterados ataques a la prensa y organismos de sociedad civil.
Sería lamentable que con esta decisión lo que se busque es cercenar los derechos de expresión e información, tan fundamentales y esenciales para las personas y la sociedad.
Luis Redondo y los diputados nunca deben olvidar que la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática