Usos y abusos del poder

En América Latina se manifiesta una creciente tendencia en distintos países: gobernantes que han accedido a la presidencia por la vía democrática, la del sufragio, en procesos generalmente libres y transparentes, que una vez al frente del Poder Ejecutivo, empiezan a diseñar y manipular su cargo y posición con propósitos reeleccionistas, debilitando el Estado de derecho. Para ello cuentan con ayudas de grupos y personas interesadas en su permanencia en el poder, si es posible indefinidamente.

Para alcanzar tal objetivo recurren a distintos medios, ilegales, y dependiendo de la correlación de fuerzas al interior del Legislativo y Judicial, favorables u opuestas a su designio, con el fin de imponer el continuismo.

Ello ha ocurrido en Perú con Fujimori, en Argentina con Menem, en Bolivia con Morales, en Colombia con Uribe, en Venezuela con Chávez, en Nicaragua con Ortega, en Honduras con Hernández, siendo el caso más reciente el de Bukele en El Salvador.

Un denominador común lo es su concepción patrimonialista clientelista del Estado, percibiéndolo como de su propiedad privada, además de un estilo político autoritario y represivo. Esta estrategia otorga a los incumbentes amplia ventaja electoral, fragmentando y debilitando a la oposición. Un caso extremo ocurrió en la vecina Nicaragua, con Ortega: una escalada que primero logró fuera aprobada la eliminación de los límites de mandato para los presidentes en ejercicio, pese a que la Constitución prohibía la reelección continua, al igual que en El Salvador, en ambos casos con fallos favorables a su pretensión por la Corte Suprema de Justicia, tras haber reemplazo a magistrados opositores. Luego, Ortega introdujo en la Constitución cualquier prohibición de reelección, tal como ocurre en Cuba y Venezuela.

¿Qué otra nación hemisférica presenciará otro atentado similar de imposición y continuismo?