El Poder Judicial hondureño
En discurso pronunciado por el jefe de Estado Dionisio de Herrera en la instalación de la primera Asamblea estatal, en 1826, se refería en estos términos: “...tan necesario a los otros Poderes para su conservación que teniendo tan inmediata trascendencia en el orden, en la seguridad y en la prosperidad de los ciudadanos, es la más firme garantía de sus derechos, que aplicando la ley a los hechos particulares y públicos de los individuos, decide de su suerte y de su vida”. Tradicionalmente ha estado dependiente del Ejecutivo y Legislativo, también de grupos de poder representantes de intereses privados, por lo que sus fallos y sentencias se acondicionan a presiones indebidas extra judiciales.
La Carta Pastoral emitida por la Conferencia de Obispos, advertía: “Es impostergable despolitizar el Poder Judicial y frenar el tráfico de influencias económicas para lograr su total independencia”, en consonancia con lo que establece nuestra Carta Magna: “Complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación” (artículo 4).
Gracias a la toma de conciencia por parte de la ciudadanía, que ha comprendido que solamente en un efectivo Estado de derecho es posible la transparencia, seguridad jurídica, desarrollo y equidad socioeconómica, es que se incorporó el 2001 en la Constitución Política la figura de la Junta Nominadora para proponer candidatos(as) a magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia con la celebración de audiencias públicas a los preseleccionados(as), lo que ha constituido un importante y positivo avance en la democratización.
Empero, nuevamente la interferencia por parte del Ejecutivo ha hecho retroceder significativamente lo hasta ahora alcanzado, sumiendo al país en otra profunda crisis institucional de impredecibles consecuencias para la estabilidad de la nación, adicional a la prolongada que padece el Legislativo, pese a los reclamos ciudadanos y los llamados de la comunidad internacional. Honduras se encuentra en una severa coyuntura en distintos órdenes, sin que hasta ahora se adviertan visos de soluciones ampliamente consensuadas, todo lo contrario ante la intransigencia del oficialismo