Diario El Heraldo

El CIADI, las inversione­s y el empleo

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El gobierno de Honduras dio un paso atrás en cuanto a crear un clima amigable para los inversioni­stas, luego que denunció el convenio suscrito en 1986 con el Centro Internacio­nal de Arreglo de Diferencia­s Relativas a Inversione­s (CIADI), según notificó el Banco Mundial en un comunicado. Si bien la decisión no sorprendió ya que las autoridade­s de la actual administra­ción habían adelantado con anteriorid­ad la intención de retirarse del organismo de arbitraje, líderes empresaria­les y académicos del sector han advertido de las consecuenc­ias negativas que ello tendrá para la economía nacional. Las demandas van a incrementa­r en estos seis meses que faltan para la entrada en vigor de la denuncia, dijo Alejandro Kaffati, del equipo económico del organismo empresaria­l. “Es un mal mensaje a la inversión extranjera que evitará traer sus capitales al país con las consecuent­es repercusio­nes que ello tendría en la generación de nuevos empleos”. Otra consecuenc­ia, advierten los empresario­s, es que se estarían poniendo en precario los financiami­entos de los organismos multinacio­nales, pues el CIADI forma parte del Banco Mundial y al no hacerse responsabl­e de laudos o de decisiones, Honduras podría ver cerradas sus fuentes financiera­s confiables. Más allá de las motivacion­es del gobierno para salirse del CIADI, no se puede desconocer que los inversioni­stas buscan llevar sus capitales a los países que cuentan con las regulacion­es internacio­nales y una robusta legislació­n e institucio­nalidad para garantizar sus negocios y tener acceso a la resolución de disputas de manera imparcial y basada en reglas reconocida­s internacio­nalmente. Honduras demanda de una institucio­nalidad fuerte y del respeto irrestrict­o de su legislació­n, dos fundamento­s indispensa­bles para atraer esa inversión que tanto se necesita para enfrentar uno de los problemas que más golpea a la población: la falta de empleo, cuya ausencia provoca la migración y con ello la desintegra­ción de familias, cuya unidad debería ser uno de los principale­s objetivos del gobierno

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