Informe Estado de País
Recientemente, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de la Dirección de Democracia y Transparencia, presentó el Estado de País, donde identifican un “combate a la corrupción en pausa”. Hicieron un estudio preciso y detallado del contexto social y jurídico de Honduras en torno a la lucha anticorrupción, lograron sistematizar los avances, pausas y retrocesos que han existido en los últimos meses en este gobierno. Es meritorio iniciar diciendo que estos son los espacios que deben promoverse para generar debate e intercambio de ideas, es lamentable observar la postura de algunos funcionarios públicos en desacreditar a las organizaciones de sociedad civil, siempre atacan al mensajero y no al mensaje. En ese sentido, la ASJ mantiene sus procesos de veeduría de manera permanente en diversos temas y es importante estudiar sus insumos porque arrojan luces rojas, verdes y amarillas del actuar de un gobierno. Es importante iniciar mencionando que la ASJ hace acopio de diferentes índices internacionales, es decir, índices que no elaboran ellos, sino organismos externos, entre los que se encuentra el Índice de Democracia, Índice de Estado de Derecho, el Índice de Transparencia legislativa, Índice de Percepción de Corrupción, los cuales reflejan los problemas y retos que tiene Honduras en cuanto al fortalecimiento de su Estado de derecho. Con relación a este informe de Estado de País, el año 2023 representó unos avances minúsculos pero sustanciales en el combate a la corrupción, se dieron algunas reformas legales, otras se quedaron en pausa, así como se ha quedado en pausa la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, conocido como (CICIH), el cual llevamos casi 800 días esperando su instalación desde la asunción del gobierno, se resaltan los problemas que existen en cuanto al acceso a de la información pública, suspensión de la figura del Comprador Público Certificado (CPC), inconsistencias en los procesos de elección de segundo grado.
Hay mucho por hacerse, pero la sociedad civil no puede estar divorciada del gobierno, ni el gobierno separado de la sociedad civil, debe haber una relación profesional y funcional que permita al gobierno tener ojos encima para procurar el correcto funcionamiento de la administración pública, asimismo, la sociedad civil tecnificarse con sus posturas para obligar al debate técnico y no político con el gobierno
La sociedad civil no puede estar divorciada del gobierno, ni el gobierno separado de la sociedad civil”.