Encarcelan a saqueadores
En marzo de 2014, un juez federal, Sergio Moro, considerado un héroe nacional en Brasil, inicia una investigación sobre la desviación de miles de millones de dólares por contratistas y altos funcionarios de la empresa petrolera propiedad del Estado. Esa investigación involucra también a directivos del populista Partido del Trabajo que gobierna Brasil en nombre del socialismo. Uno de los fundadores del PT es el expresidente Lula, detenido para declarar en relación con propiedades que pusieron a su disposición contratistas de Petrobras acusados de fraudes. La operación, coordinada por jueces del Poder Judicial, denominada lava Jato, investiga a todos los involucrados y beneficiados del saqueo a la petrolera estatal. Originalmente se calcularon los desvíos en dos mil millones de dólares, actualmente alcanzan los 10,000 millones. A esa corrupción la consideran muchos brasileños como una de las principales causas de la crisis económica por la que atraviesan. A la fecha hay más de 50 encarcelados, relacionados con esos desvíos: altos directivos de Petrobras, entre ellos un exdirector, dueño de la mayor empresa constructora de Brasil (Odebrecht), contratista de la petrolera, un exministro del Gobierno de Lula, muy cercano a él y el exsecretario de Finanzas del Partido del Trabajo, beneficiado con esos desvíos. Al PT pertenecen la presidenta de Brasil Dilma Rosseauff y el expresidente Lula da Silva. Los beneficios que le imputan a Lula es una casa que habitaba, la que restauró una empresa acusada de corrupción en Petrobras, y el aceptar como regalo -según la Fiscalía de Sao Paulo- un departamento de tres pisos frente a la playa, que aparece a nombre de la constructora OAS, contratistas de Petrobras, cinco de cuyos directivos están en la cárcel. Veremos en México una investigación, iniciada por algún juez honesto y valiente, contra quienes saquearon Pemex y a varios estados como gobernadores, o el Poder Judicial seguirá con una actitud pasiva, evadiendo responsabilidades. Habrá que llamar a jueces de Brasil o de España para frenar la impunidad de altos funcionarios.
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