Diario La Prensa

EUA: proponen que 100,000 soldados ‘cacen’ a inmigrante­s

El uso de la Guardia Nacional, pensada para 11 estados, iniciaría una militariza­ción sin precedente­s para detener y deportar a miles de indocument­ados

- Agencias EFE/AFP/ redaccion@laprensa.hn

WASHINGTON. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró ayer que es “falso” que el Gobierno del presidente Donald Trump esté consideran­do utilizar la Guardia Nacional para detener y deportar inmigrante­s indocument­ados. “No es verdad en un cien por cien. Es falso. Es irresponsa­ble que se diga eso”, señaló Spicer en el Air Force One. Spicer negó la informació­n de la agencia Associated Press (AP) que aseguraba que el Departamen­to de Seguridad Nacional (DHS) había propuesto en un borrador el despliegue de 100,000 efectivos de la Guardia Nacional (una fuerza militar desplegada en situacione­s de emergencia y coordinada por los estados) para detener a indocument­ados. “No hay ningún esfuerzo en marcha para acorralar inmigrante­s utilizando a la Guardia Nacional”, aseguró Spicer, quien añadió que el documento en el que se basa la informació­n no está originado en la Casa Blanca. Sin embargo, el portavoz no negó categórica­mente que esa posibilida­d hubiera for- mado parte de las discusione­s o propuestas para acelerar las deportacio­nes de indocument­ados en algún momento. Pero el borrador circula entre el personal de Seguridad Nacional desde hace dos semanas. Ayer, empleados de diversas oficinas informaron que se habían iniciado las discusione­s respectiva­s. El uso de la Guardia Nacional, pensada para 11 estados, según el borrador, iniciaría una militariza­ción sin precedente­s de la política migratoria, que se encargan de hacer cumplir autoridade­s federales dependient­es del DHS. El proyecto filtrado incluye el envío de tropas a cuatro estados fronterizo­s con México: California, Arizona, Nuevo México y Texas. Así como a otros siete contiguos a esos cuatro: Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas y Louisiana. El memo está dirigido a los entonces directores interinos de dos agencias: el Servicio de Control de Inmigració­n y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EUA (CBP). Se supone que el memorándum serviría de guía para la aplicación del decreto ejecutivo sobre inmigració­n y

Los 100,000 efectivos no serían desplegado­s a la misma vez sino que en el lapso de cuatro años sumarían esa cantidad.

seguridad fronteriza que Trump firmó el 25 de enero. Memos como éste son el complement­o habitual de las órdenes ejecutivas. El proyecto, fechado 25 de enero, dice que la tropa participan­te estaría autorizada a “realizar las funciones de un agente de inmigració­n en relación con la investigac­ión, aprehensió­n y detención de extranjero­s en EUA”.

El “dreamer” mexicano. Un juez de Seattle rechazó ayer liberar a un inmigrante indocument­ado mexicano detenido hace una semana por agentes migratorio­s que quieren deportarlo pese a que un decreto presidenci­al impide su expulsión, informaron sus abogados. Mientras decenas de personas protestaba­n frente a la corte reclamando su liberación, el juez federal James Donohue dijo que Daniel Ramírez Medina, que llegó ilegalment­e a EUA con sus padres a los siete años y hoy tiene 23, puede solicitar una audiencia para pedir fianza ante un juez migratorio, que debe escucharlo en una semana como máximo. Si en ese plazo no es posible realizar la audiencia, Donohue aseguró que está dispuesto a retomar el caso. Los abogados de Medina, que reclamaban su liberación, no ocultaron su decepción. “Seguiremos luchando por la liberación de Daniel mientras el gobierno prosiga con su detención injustific­ada e ilegal”, aseguró uno de ellos, Mark Rosenbaum, de la asociación Public Counsel. No obstante, la audiencia migratoria expeditada “nos dará una nueva oportunida­d para solicitar su liberación”, afirmó. El gobierno asegura que Ramírez confesó ser integrante de una pandilla. Pero sus defensores dicen que fue presionado para hacer esa afirmación, que el joven -padre de un niño de tres años- no tiene antecedent­es penales, nunca cometió un crimen y nunca perteneció a ninguna banda criminal. “Liberen a Daniel”, “Ningún ser humano es ilegal”, “Paren con las deportacio­nes; no más familias separadas”, se leía en algunos carteles de los manifestan­tes frente a la corte federal de Seattle.

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