Presidente de CSJ: Jueces y magistrados serán certificados
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que en su primer año de gestión ha estado involucrado en identificar los problemas más graves que tiene el Poder Judicial
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, esbozó los principales logros de su gestión, así como los desafíos encontrados en el primer año al frente de ese poder del Estado, entre ellos el polémico juicio del estudiante universitario Kevin Solórzano y la desarticulación del corrupto Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
¿Qué hecho resalta como el más relevante de su primer año de gestión?
En estos 12 meses hemos estado involucrados en identificar los problemas más graves que tiene el Poder Judicial y sobre esa base hemos estado trabajando. Uno de los cinco problemas ha sido la tardanza que se da por parte de algunos órganos jurisdiccionales en los procesos judiciales en todas las materias. No obstante, tenemos un plan nacional para la erradicación de la mora judicial sobre el cual estamos trabajando y en este 2017 esperamos dar los resultados que la población espera.
¿A cuánto proyectan reducir la mora judicial?
Nosotros tenemos datos aproximados que la mora judicial hasta diciembre de 2016 era entre 156,000 y 186,000 expedientes. El plan es muy ambicioso no habla de reducción o des- censo, habla de erradicación, lo que significa llegar a cero mora. Al término de nuestra gestión queremos declarar la erradicación completa de la mora judicial, pero vamos ir gradualmente en ese propósito.
¿Qué otros hechos se puede destacar en esta gestión?
La creación del circuito en materia de extorsión y en materia de corrupción, que son dos de los grandes delitos que afectan a la sociedad. A finales de febrero y principios de marzo esperamos contar con el edificio adonde funcionará este circuito y también la juramentación definitiva de los que van a desempeñarse en esos cargos.
¿En términos prácticos cómo van ayudar estos jueces anticorrupción y antiextorsión?
Hay varios ventajas, en primer lugar que estos jueces y magistrados y todo el personal jurisdiccional se han especializado en la aplicación de la ley en esas materias. La otra ventaja es la rapidez con la que se tramitarán los procesos, y un tercera ventaja es la seguridad que implica contar con estos circuitos para los jueces, víctimas y demás usuarios que busquen sus servicios.
¿Qué fue lo más complejo o difícil que le tocó resolver?
El primer escollo que tuvimos que saltar fue el problema del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en donde había múltiples denuncias públicas respecto a algunas actuaciones de los miembros del Consejo al margen de la ley y la ética. Una de las primeras decisiones fue nombrar una mesa técnica a efecto que revisaran las actuaciones de los consejeros y ellos emitieron tres informes corroborando algunas anomalías que se cometieron. Luego, el pleno de la Corte Suprema, para ser más específico el 15 de abril de 2016, decretó por unanimidad inconstitucional la ley del Consejo de la Judicatura, lo que implicó que volvieran las facultades que tenía el Consejo a la presidencia del Poder Judicial en el marco del decreto 2015-2011, ratificado mediante decreto 282-2012. De momento, en el Poder Judi-
cial existe un Consejo de la Carrera Judicial coordinado por el magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña.
¿Cómo quedó la administración del personal?
Está a cargo de la presidencia del Poder Judicial, lo que no significa de ninguna manera que nosotros estemos o tengamos la intención de hacer nombramientos al margen de la ética o de la ley.
¿Cuántos jueces y magistrados ha nombrado usted?
Uno de los problemas que encontramos es que había muchas plazas vacantes de jueces y magistrados y juzgados y tribunales, así como cortes de apelaciones a medio funcionar. En ese sentido, se procedió a nombrar de manera interina y como establece la ley, a algunos jueces y magistrados que reúnen los requisitos. Estos nombramientos han sido proporcionalmente muy pocos.
¿Y al fin viene la depuración y certificación de jueces y magistrados?
Por la naturaleza misma de la función que desarrollamos y la categoría que tienen los jueces y magistrados no podemos hablar de procesos de depuración propiamente. Nosotros hablamos de dos mecanismos que son la certificación y la evaluación del desempeño, de tal manera que podamos contar al final de estos dos procesos con la certeza que contaremos con jueces probos, éticos y con conocimientos para prestar un servicio de calidad.
¿Se les aplicarán pruebas de confianza?
Se aplica y debería tener varias etapas, entre ellas las pruebas de confianza que implican psicométricas, toxicológicas, socioeconómicas, patrimoniales y poligráficas, y eso va a quedar contenido en el reglamento que será aprobado por el pleno de magistrados de la Corte. También serán sometidos a pruebas de conocimiento y entrevistas
¿Se revivirá y retomará el Consejo de la Judicatura?
Está siendo retomado, desde julio del año pasado, en un pleno que tuvimos en Gracias, Lempira, se resolvió trabajar en un nuevo proyecto de ley del Consejo de la Judicatura y elaborar un nuevo proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, ya que la ley fue aprobada y esta en vigor desde 1906, casi 111 años y ya no responde a las exigencias actuales.
¿Tienen un plazo para eso?
No tenemos un plazo o una fecha límite, porque no es consecuente con cada uno de los temas, lo que sí es que vamos a trabajar de forma rápida y efectiva en esos temas.
¿En el caso de Kevin Solórzano se actuó con imparcialidad y objetividad?
No podemos, porque la ley nos lo prohíbe, opinar en relación con detalles, pero de acuerdo con lo que vimos en los medios de comunicación de cómo se fue desarrollando este proceso, desde la presentación del requerimiento fiscal, luego la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar y finalmente la audiencia de juicio oral y público, si apreciamos desde afuera que principios constitucionales como el estado de inocencia, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de igualdad se respetaron en ese proceso. No estoy en la capacidad de decir si el Tribunal de Sentencia actuó bien al condenarlo por mayoría o si actuó mal al condenarlo siempre por mayoría. Esa es una facultad que la Constitución y la ley únicamente se la confiere al juez o tribunal que conoció de ese asunto.
¿Qué grandes lecciones en este caso?
Este es un caso que a mi criterio fue bastante llevado y traído en los medios de comunicación; pero homicidios dolosos o asesinatos parecidos o similares a este se ventilan en el marco del proceso penal todos los días en los tribunales de sentencia del país y los jueces practican las diferentes etapas y al final de cuentas resuelven. Como dice el artículo 336 del Código Procesal Penal, las partes le llevan las pruebas y el juez no puede resolver con lo que dice un medio de comunicación, o con lo que dicen las personas en los pasillos o lo que opina cualquier persona, el juez solo resuelve conforme a las pruebas que fueron admitidas y practicadas en juicio.
¿Sigue la Corte sin recibir el 3% del presupuesto nacional?
Hacemos una nueva exhortación al Poder Legis- lativo para que nos pueda complementar el 3% y en los próximos años aprobarlo de una sola vez ese porcentaje. Actualmente solo recibimos el 2.3% que implica unos, 2,176 millones de lempiras y el 0.7% representa 641 millones.
¿La reelección es tema juzgado o no?
La Sala Constitucional emitió varias resoluciones a ese respecto, tanto la sala anterior como la actual y no procede para la presidencia del Poder Judicial pronunciarse sobre eso, porque la sala ya se ha pronunciado.
La Maccih ha propuesto una nueva figura legal: la de la delación premiada o ley de colaboración eficaz ¿Usted qué opina de eso?
En las reuniones que hemos tenido, la Maccih ha hecho mención de contar con un instrumento jurídico de colaboración eficaz. En ese sentido, no tenemos un conocimiento literal de la propuesta de ley, pero sí entendemos de qué se trata y cuál es el propósito. Es un tema que corresponde a la política criminal del Estado y el Poder Judicial no forma parte de las entidades que diseñan política criminal, porque no combate al delito y al delincuente, sino que juzga y ejecuta lo juzgado. No obstante, cualquier iniciativa que lleve como propósito mejorar los mecanismos e instrumentos jurídicos para combatir el delito debe ser bien vista, discutida, debatida y aprobada para beneficio de la sociedad.
“COMO DICE EL ARTÍCULO 333 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, UN JUEZ RESUELVE CON LAS PRUEBAS QUE LLEVAN LAS PARTES Y NO CON LO QUE DICE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ” “HACEMOS UN LLAMADO RESPETUOSO AL CONGRESO NACIONAL PARA QUE NOS TRASLADE EL 3% DEL PRESUPUESTO Y EN LOS PRÓXIMOS AÑOS APROBARLO DE UNA SOLA VEZ”