Tiene diecisiete años y necesita anticonceptivos, ¿qué hacer?

EWISTON, MAINE. Ella tiene 17 años, tiene una alarmante picazón “allá abajo” y llegó a la clínica de planeación familiar porque no sabe a dónde más ir.

Sara Hayes, la enfermera, acude rápidamente a la sala de exámenes y tranquiliza a la adolescente. Hayes toma un hisopo y rápidamente diagnostica una ligera infección vaginal –quizá causada por tampones con aroma– mientras toma otras muestras para hacer exámenes posteriores de gonorrea y clamidia. Después, le explica las opciones de control natal y a la chica se le ilumina el rostro con la posibilidad de un implante invisible en el brazo, totalmente cubierto por el seguro. Le durará por lo menos tres años y tiene una efectividad de 99 por ciento para evitar embarazos.

Finalmente, Hayes dispone que le entreguen condones a la muchacha y, fijando la mirada en sus ojos, le dice que debe de protegerse de infecciones. ¡Siempre!

“Si vas a tener relaciones sexuales, usa siempre condón”, le recomienda Hayes, mitad dulce, mitad seria, como la abuela más directa que podamos conocer. “Si él no quiere usar condón …” –hace una pausa dramática– “entonces no vale la pena que te metas con él.”

Esto es atención médica en su mejor aspecto: prevenir enfermedades y embarazos adolescentes, al tiempo que se ahorra dinero público. Empero, clínicas como esta en todo Estados Unidos están en peligro de desaparecer debido a la miopía de los políticos de Washington.

El vicepresidente Mike Pence y los republicanos del Congreso desde siempre han tratado de retirarles fondos federales a las clínicas que tengan el mínimo lazo con el aborto, aunque sea indirecto. Y este año, con la ayuda del presidente Donald Trump, podrían lograr sus fines.

Dejemos las cosas bien en claro: no se trata de que el gobierno financie los abortos. Eso ya está prohibido básicamente en todas partes. De lo que se trata aquí es de pagar el control natal y los exámenes de detección oportuna de cáncer cuando el proveedor de esos servicios tiene alguna conexión, por remota que sea, con el aborto.

Esta clínica de Lewiston está amenazada porque está manejada por Planeación Familiar de Maine, organización sin fines lucrativos que ofrece abortos en ciertos casos. Los expertos en salud pública esperan que los republicanos presionen para retirarles el financiamiento a tales clínicas de salud femenina, impidiendo que los reembolsos de Medicaid y otros fondos federales se destinen a ellas, y recortando o eliminando por completo el programa de planeación familiar Título X.

“Tenemos miedo de perder una parte decisiva de la infraestructura de salud pública”, admite George Hill, presidente de Planeación Familiar en Maine.

Las pacientes están ansiosas. El personal de la clínica revela que algunas mujeres han pedido que les reemplacen el DIU de una vez, para que no vaya a caducar dentro de unos años, cuando podría no estar cubierto por el seguro.

Aunque los argumentos en Washington sobre estas clínicas de ginecología básicamente se refieren al aborto, lo que yo vi en las tres clínicas de Planeación Familiar que visité en Maine fue que la enorme mayoría de los servicios proporcionados no se prestan a controversia. Se dedican a garantizar la salud de las mujeres, a tratar enfermedades de trasmisión sexual, hacer pruebas de embarazo y de detección oportuna de cáncer.

Por ejemplo, Meredith Batley señala que ha estado yendo a la clínica de Rockland desde hace más de diez años y que la mayor parte del tiempo no ha tenido seguro médico ni proveedor de servicios médicos. En un examen de rutina se le detectó una irregularidad cervical que podría degenerar en cáncer, pero le fue extirpada y desde entonces no ha vuelto a tener problemas. También ha recibido píldoras anticonceptivas.

“Si no hubiera tenido esta posibilidad, no digo que hubiera tenido un aborto, pero mi vida hubiera sido muy diferente”, afirma. Cuando Batley se sintió preparada para ser madre, vino a una consulta y recibió vitaminas prenatales para evitar defectos de nacimiento. Hace cinco meses dio a luz a una saludable niñita.

Ese es el tipo de relación con la atención médica que no ocurre tanto como quisieran muchas mujeres jóvenes en Estados Unidos. Cada dos horas, una mujer muere de cáncer cervical en nuestro país. Y casi todas esas muertes podrían prevenirse. Y lo más probable es que haya más si cierran esas clínicas.

Quiero suponer que Pence y los republicanos del Congreso son políticos bien intencionados impulsados por su rechazo al aborto. Pero la verdad es que esas clínicas hacen más por reducir los índices de abortos que cualquier ejército de manifestantes en contra del aborto.

De nuevo en Lewiston, en la tarde, Hayes convence a una chica de 19 años llamada Destiny Burnell, que ya tiene un bebé por un embarazo no planeado, de que considere los anticonceptivos de largo plazo. Después de analizar varias opciones, Destiny hace una cita para el implante en el brazo.

Quienes piensen que no podemos pagar los servicios de planeación familiar, deben de recordar que un DIU o un implante como el de Destiny cuestan unos 1,000 dólares, mientras que un solo parto en Medicaid les cuesta 13,000 a los contribuyentes. Cada dólar invertido en planeación familiar rinde 7 dólares de ahorro en fondos públicos más adelante. En Estados Unidos hay 2.8 millones de embarazos no deseados al año; entre quienes viven en la pobreza, 60 por ciento de los embarazos no son planeados. Un estudio encontró que cuando Texas les recortó el financiamiento a Planeación Familiar y clínicas similares, los partos en Medicaid aumentaron 27 por ciento en un grupo de mujeres afectadas.

El Instituto Guttmacher, organización de investigación que apoya el derecho al aborto, calcula que sin el financiamiento del Título X para las clínicas de planeación familiar habría 900,000 embarazos no planeados adicionales al año. Y 325,000 abortos más.

Unas dos terceras partes de las muchachas y mujeres que acuden a estas clínicas no tienen ningún otro proveedor de atención médica. Son mujeres como Amanda Bowden, de 33 años, que viene cada año a la clínica de Planeación Familiar en Augusta, Maine, para obtener píldoras anticonceptivas y hacerse un examen general.

Cuando le pregunté sobre los intentos de quitarle el financiamiento a clínicas como esta, ella respondió: “No están eliminando servicio de aborto. Me están quitando mis servicios médicos.”