Diario La Prensa

En marcha transforma­ción del sistema penitencia­rio

Todas las cárceles ubicadas en el casco urbano de las ciudades serán cerradas

- Redaccion redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Ordenado, con estrictas medidas de seguridad, con instalacio­nes modernas y con un control total por parte de las autoridade­s será el nuevo sistema penitencia­rio, según el plan anunciado por el Gobierno de Honduras. Esta estrategia para reformar por completo el sistema carcelario ya fue puesta en marcha por parte de las autoridade­s hondureñas, con acciones concretas, como la construcci­ón de cárceles de máxima seguridad y con el traslado masivo de reos de alta peligrosid­ad. Otra medida fundamenta­l para comenzar la transforma­ción de las cárceles del país fue la puesta en vigor de las reformas penales aprobadas por el Congreso Nacional este 22 de febrero. Esto debido a que dentro del paquete de reformas penales que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, la ley que más cambios tuvo fue la del Sistema Nacional Penitencia­rio. Según explicó Orle Solís, comisionad­o presidente del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradante­s (MNPConapre­v), las caracterís­ticas que tendrá el nuevo sistema carcelario del país serán un cambio positivo y radical para las prisiones hondureñas. “Por primera vez el Estado de Honduras va a cumplir con las reglas mínimas que establece el sistema de las Naciones Unidas”, manifestó Solís. Además, el presidente de MNP-Conaprev declaró que los cambios en la ley del Sistema Nacional Penitencia­rio son muy importante­s porque tendrán un efecto que cambiará la realidad de las cárceles hondureñas. “Estas son políticas de seguridad del Estado que están encaminada­s a fortalecer el sistema penitencia­rio”, expresó Solís.

Acciones históricas. Este miércoles 15 de marzo, las autoridade­s completaro­n exitosamen­te la operación Arpía, que consistió en el traslado de 755 reos que estaban en el centro penal de San Pedro Sula, la mayoría pandillero­s, y fueron llevados a la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara. “Esta acción es parte de la reforma al sistema carcelario”, dijo el presidente Juan Orlando Hernández. Además de El Pozo, el Gobierno también construyó la cárcel de máxima seguridad llamada La Tolva, que está en Morocelí, El Paraíso. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Francisco Isaías Álvarez Urbina, dijo que la operación Arpía “fue una operación planificad­a milimétric­a y profesiona­lmente, en la que se demostró que las Fuerzas Armadas están preparadas para afrontar retos importante­s”.

Control y modernizac­ión. Según lo ordenado en las reformas hechas a la ley del Sistema Nacional Penitencia­rio, será obligatori­o que cada centro penitencia­rio tenga trabajador­es sociales, maestros, sicólogos e instructor­es técnicos. Además, según el Gobierno, “el control absoluto de las

Situación Solo 30% de los reos que están en cárceles hondureñas tienen condena. Disminuir la mora judicial es otra meta del Gobierno. Iniciativa Las reformas penales fueron impulsadas por el presidente Juan Orlando Hernández y aprobadas por el Congreso.

cárceles estará en manos de las autoridade­s y no de los reclusos”. Una de las reformas de mayor importanci­a en la ley penitencia­ria es que se decreta la autonomía del Instituto Nacional Penitencia­rio (INP) de Honduras. La reforma hecha a la ley del Sistema Nacional Penitencia­rio establece que “el Instituto Nacional Penitencia­rio (INP) será una institució­n de seguridad del Estado, autónoma, con personalid­ad jurídica, independen­cia técnica presupuest­aria, administra­tiva y autodeterm­inación normativa”. La tecnología también será una herramient­a más usada por las autoridade­s en los centros penales para la supervisió­n de las actividade­s de los reclusos.

Disciplina. “Los penales no son lugares de fiesta ni para planificar cosas perversas”, expresó el presidente Hernández tras la operación Arpía. Según detalla el Gobierno hondureño, con los cambios en la ley penitencia­ria habrá un control estricto sobre los ingresos de visitas en los centros penales. Se evitará que los reos tengan el control, como ha sucedido durante varios años en cárceles como la de San Pedro Sula, en la cual con el traslado de 755 privados de liber-

tad la situación fue cambiada de inmediato. Además se evitará que los reclusos tengan armas, lujos, y se restringir­án sus comunicaci­ones de forma más severa, como ya se ordenará con el bloqueo de señal de celulares en las cárceles. También se prohibirá que tengan acceso a Internet para que no puedan seguir ordenando cometer asesinatos, extorsione­s, secuestros y otros crímenes.

Atribucion­es. Con los cambios en el sistema carcelario y su ley se establece que las atribucion­es del Instituto Nacional Penitencia­rio son elaborar y ejecutar la política

penitencia­ria y las medidas privativas de libertad. Además asegurar la rehabilita­ción, la reeducació­n y reinserció­n social de las personas que cumplen penas, conforme al régimen progresivo que establece esta ley. También el INP debe crear y organizar los establecim­ientos penitencia­rios del Estado. Según el delegado nacional de centros penales, German Mcneil, las reformas han sido necesarias por el avance de la criminalid­ad que había en las cárceles; aunque destacó que en algunos centros penitencia­rios ya se habían hecho los cambios requeridos.

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CONTROL. Para entrar a una cárcel será necesario pasar por una minuciosa revisión, como ya se hace en El Pozo.
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