INP hará programas de trabajo para reclusos
En Honduras hay más de 17,000 reclusos y la mayoría “no tienen nada que hacer” Aún no aplican la “Ley Picapiedra” en el país
SAN PEDRO SULA. En Honduras hay más de 17,000 privados de libertad que están en los diferentes centros penales del país y la mayoría simplemente “no tienen absolutamente nada que hacer”. Ni obligaciones ni tareas recreativas ni programas de rehabilitación ni educativos, o sea que el ocio llena la mayoría de las horas de los reclusos en el país. Sin embargo, con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, impulsada por el presidente Juan Orlando Hernández y aprobada por el Congreso Nacional este 22 de febrero, se le hicieron varias modificaciones a la Ley del Sistema Penitenciario. En las reformas penales se habla de las atribuciones del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y se especifica que se debe asignar obligaciones laborales a los reos. “Es atribución del Instituto Nacional Penitenciario elaborar, aprobar y ejecutar los programas del sistema de trabajo para privados y privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios del país”, ordena la reforma aprobada el mes pasado.
Carencias. Al referirse al tema, el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, ha señalado los principales problemas que hay en los centros penales hondureños. “Los centros de privados de libertad en Honduras se han caracterizado por el hacinamiento, la inseguridad interna provocada por los incendios y las riñas entre los privados de libertad, situación que deriva en lesiones y muertes”, manifestó Cáceres. Agrega: “Además, por la carencia de los medios de rehabilitación, el desentendimiento del Estado sobre su responsabilidad con los privados de libertad, la introducción de armas, drogas y licores, fugas y un régimen disciplinario en manos de algunos internos, que ha provocado enfrentamientos y muerte entre los reclusos en diferentes centros penales”, señala el comisionado nacional de los Derechos Humanos. Cárceres recomienda que los centros penitenciarios tienen que estar siempre bajo el control y administración del Estado. Además señala que no se debe confiar la disciplina interna de los centros penales a los propios reclusos; aunque esta ha sido una práctica que según él ha ocurrido en Honduras y en otros países, pero que no es lo normal, porque entonces “nunca se va a poder llegar a los procesos de rehabilitación que se buscan”, afirmó el ombudsman hondureño.
Carencias. En 2015, el Congreso Nacional aprobó el Decreto Número 101-2015, que contenía la “Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad” y en enero del año pasado fue publicado en el diario oficial La Gaceta. El artículo 1 dice que “La presente ley tiene como finalidad organizar y ejecutar el trabajo que deben realizar las personas privadas de libertad como parte de los procesos de rehabilitación, readaptación social y terapia ocupacional”. Sin embargo, esta legislación todavía no ha sido implementada en los centros penales del país. Según la ley, la medida estará vigente en todas las cárceles hondureñas.
Gastos Un objetivo de la “Ley Picapiedra” es generar recursos económicos para cooperar con los gastos de manutención del reo