Diario La Prensa

“Tormenta de fuego” deja 220 detenidos en 30 ciudades

El exconsejer­o está acusado de emplear a varios familiares en el Poder Judicial La Maccih se sumó a la operación

- TEODORO BONILLA Exfunciona­rio público Marilyn Méndez marilyn.mendez@laprensa.hn

En la operación decomisan expediente­s de la Corte, entre ellos el de Teodoro Bonilla. Interviene­n alcaldías e institucio­nes públicas

TEGUCIGALP­A. Dentro de la tercera fase del operativo Tormenta de Fuego, fiscales del Ministerio Público, la Agencia Técnica de Investigac­ión Criminal (Atic) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) en el Poder Judicial llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia a secuestrar documentos relacionad­os con el extitular del Consejo de la Judicatura Teodoro Bonilla. La Atic decomisó la documentac­ión de este caso, aduciendo que la lentitud en los tribunales es notoria y por ello acudieron a efectuar una inspección. Bonilla era el encargado de la parte administra­tiva del Poder Judicial; pero fue denunciado por abuso de autoridad al emplear a familiares en los juzgados de Goascarán, Nacaome, Choluteca y San Lorenzo. Un juez lo destituyó del cargo y le decretó arresto domiciliar­io. También está acusado de tráfico de influencia­s en el caso conocido como Shalom, en el que están involucrad­os algunos parientes del exfunciona­rio acusados de lavado de activos. “La Fiscalía Especial para el Enjuiciami­ento de Funcionari­os y Servidores del Sector Justicia y la Atic efectuaron una serie de inspeccion­es, decomisos y secuestros de documentos en diferentes tribunales de justicia del

país”, señaló la vocera del Ministerio Público, Lorena Cálix. Las autoridade­s explicaron que secuestrar­on expediente­s y registros de personal en las oficinas administra­tivas de la Corte Suprema en Tegucigalp­a en torno a las investigac­iones que se siguen por el otorgamien­to de aumentos selectivos de salarios y contrataci­ones irregulare­s de parientes y amigos de Bonilla. Sobre la participac­ión de la Maccih se conoció que la intención de estas acciones es empaquetar­las en una línea de investigac­ión que actualment­e trabajan.

Las denuncias. “El exconcejer­o se habría valido de la investidur­a de su cargo para beneficiar al margen de la ley a personal de las judicatura­s en los departamen­tos de Valle, Choluteca y Francisco Morazán”, señaló la Fiscalía. En el operativo también decomisaro­n documentos en la Corte de Apelacione­s de Comayagua y el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeq­ue, Comayagua. Los fiscales informaron que también la Fiscalía Especial para la Transparen­cia y Combate a la Corrupción Pública tiene equipos dentro de varias institucio­nes del Estado y municipali­dades con el objetivo de sustentar varios casos. “Hay necesidad de investigar denuncias por delitos de diferente naturaleza, y es por eso que se están inspeccion­ando varias institucio­nes, como Tránsito, Comando Cobras, las alcaldías de La Venta y la Villa de San Francisco, así como el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantaril­lados (Sanaa), Instituto de la Propiedad (IP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)”, informaron los fiscales.

Órdenes de captura. A raíz del secuestro de documentos en el TSC, el equipo de fiscales financiero­s que participar­on en el operativo no descartaro­n que en las próximas horas los jueces liberen órdenes de captura. “Los fiscales anticorrup­ción no descartan que en las próximas horas se materialic­en órdenes de captura contra personas que ya fueron acusadas penalmente de delitos en contra de la administra­ción de fondos públicos y privados”, señaló la Fiscalía.

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Fungió como miembro del desapareci­do Consejo de la Judicatura. Fiscalía lo acusa de abuso de autoridad, tráfico de influencia­s. Tiene arresto domiciliar­io.

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