A subasta 100 bienes de Los Cachiros
Juez de privación de dominio resolvió ayer que bienes inmuebles de los hermanos Rivera Maradiaga sean propiedad del Estado
TEGUCIGALPA. Alrededor de 100 propiedades de los hermanos Devis Leonel y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, mejor conocidos como Los Cachiros, serán subastadas. El Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito formalizó ayer la resolución judicial que ordena el decomiso definitivo de esos inmuebles en favor del Estado de Honduras y pasaron oficialmente a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi). El recién pasado febrero, dicha instancia judicial determinó privar de forma defini- tiva los bienes de la familia Rivera Maradiaga, quienes fueron acusados de narcotraficantes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en abril de 2014. En la resolución judicial solamente se absolvió de la privación de una empresa que jamás tuvo operaciones financieras, y una vivienda propiedad de un tío de Javier Rivera, quien demostró haberla adquirido de forma legal y con dinero proveniente de actividades lícitas. LA PRENSA publicó esta semana que varias propiedades de este grupo criminal se encuentran en franco deterioro a raíz del abandono en el que han quedado luego que estas fueron aseguradas por el Mi- nisterio Público y entregadas a la Oabi. Los hermanos Rivera Maradiaga se entregaron a la justicia estadounidense en enero de 2015 por temor a ser asesinados, y actualmente cooperan con la Fiscalía de Nueva York en busca de una rebaja de su condena. El reciente testimonio de Devis Leonel ante una Corte de Nueva York desató un terremoto político en Honduras al involucrar en sus actividades ilícitas a reconocidas figuras públicas, entre ellas, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, el exministro de Obras Públicas Miguel Pastor y los diputados Antonio (Tony) Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, óscar Nájera y Fredy Nájera y al actual ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco.
Imperio económico. Desde 2013 a la fecha, el Ministerio Público aseguró 117 propiedades de Los Cachiros, entre ellas, una gran cantidad de ostentosas residencias, terrenos, fincas, vehículos, menaje de casa, 10 sociedades mercantiles y un zoológico en los departamento de Cortés y Colón. De todos esos bienes, 92 se encuentran bajo custodia y administración de la Oabi, entre los cuales hay 82 lujosas residencias, viviendas, edificios, unidades productivas o haciendas, locales comerciales y terrenos en diferentes
localidades del país, así como 10 vehículos y un zoológico. La mayor parte de las sociedades estaban a nombre de Javier Heriberto Rivera Maradiaga, Santos Isidro Rivera Maradiaga, Esperanza Caridad Maradiaga, Mayra Lizeth Rivera Maradiaga, Midence Oquelí Martínez Ponce y Juan Gómez Meléndez, uno de los principales testaferros de la banda asesinado en Tocoa, Colón, en enero de 2015. Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, confirmó a LA PRENSA que todas estas propiedades incautadas a este grupo criminal fueron declaradas en comiso o en privación definitiva de la propiedad a principios del presente año. “Desde el 12 de septiembre de 2013 se han asegurado 117 bienes a esta organización criminal y todos esas propiedades están en poder del Estado, ya que se vencieron los plazos para que los propietarios demostraran que se habían adquirido con dinero lícito, lo cual no pudo ser demostrado por Los Cachiros”, puntualizó. Mora aclaró que producto de las investigaciones que realiza el Ministerio Público posiblemente en el futuro salgan a luz nuevos activos que se encuentran en poder de otros testaferros que pertenecían a esta estructura criminal.
Notificación judicial. José Luis Andino , titular de la Oabi, informó que antes de la resolución del tribunal, estas propiedades han estado bajo estatus legal de aseguramiento. Los juzgados de privación de dominio deben formalizar o notificar su resolución judicial que ordena su decomiso total en favor del Estado hondureño. Andino, entrevistado antes de la resolución, dijo: “Hasta el momento no hemos sido notificados de algún pronunciamiento o sentencia
pronunciada por el órgano jurisdiccional, en este caso los juzgados de privación de dominio de bienes de origen ilícito, por lo cual continúan estando bajo el estatus de incautados”, apuntó. No obstante, el funcionario puntualizó que una vez que se remita la sentencia, todas estas propiedades serán puestas en venta mediante el sistema de subastas públicas, tal como se han rematado otros bienes decomisados al crimen organizado y el narcotráfico. “Será el juez en el momento procesal oportuno que nos estará dando la instrucción de cómo debemos proceder, ya sea el comiso de los bienes o la devolución de algunas de esas propiedades”, apuntó.