La Fiscalía tiene en la lupa 22 contratos de Los Cachiros
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El Ministerio Público y la Maccih trabajan en este caso desde que el cachiro declaró en corte de EUA
TEGUCIGALPA. Un exhaustivo análisis está realizando un grupo de peritos financieros del Ministerio Público a los contratos que el Estado otorgó a la empresa Inmobiliaria Rivera Maradiaga (Inrimar), propiedad del cartel de narcotraficantes Los Cachiros. Se confirmó que la información secuestrada por la Agen- cia Técnica de Investigación Criminal ( Atic) en Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), el Fondo Vial y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) la semana pasada, son 22 contratos a los que especialistas financieros le hacen un peritaje enfocado especialmente en las firmas. “Cuando estas cosas suceden, lo primero que alegan judicialmente los involucrados es que no son sus firmas. Es por eso que ya están verificando estas, así como los montos y los tipos de proyectos”, explicó un funcionario del Ministerio Público. Aunque son 28 proyectos los que se firmaron entre la compañía de Los Cachiros y el Fondo Vial y la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi, hoy Insep), la Fiscalía afirmó que por ahora solo analizan 22. “Estos contratos se firmaron entre Inrimar y la Enee, Soptravi y el Fondo Vial. Se desconoce cuándo los peritos terminarán con este análisis porque es exhaustivo, pero esperamos que pronto”, agregó el funcionario. Fiscales del Crimen Organizado, Trasparencia, Delitos contra la Vida y de Enjuiciamiento de los servidores de Justicia, son los que trabajan en el análisis de los 22 contratos. Las investigaciones de la Fiscalía comenzaron luego de que uno de los propietarios de Inrimar, Devis Leonel Rivera Maradiaga, preso en Nueva York por narcotráfico y lavado de activos, dijo que a través de esa compañía adquirió varios contratos con el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, a quien aseguró haber sobornado.
Caja de Pandora. Para Juan Jiménez Mayor, vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), las revelaciones del Cachiro son solo el inicio de lo que será una caja de Pandora. “Es información muy sensible, grave y abre una línea de investigación inédita. Son imputaciones gravísimas, de sobornos, de aportes de financiamiento y aquí vemos la importancia de tener una Ley de Financiamiento a campañas y partidos políticos para evitar que el narcotráfico no penetre la política y después vengan a cobrarse los favores. Aquí con este caso se va a abrir una gran caja de Pandora en Honduras”, manifestó Jiménez. El diplomático de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó que siguen trabajando con el Ministerio Público desde el mismo momento que el Cachiro dio su testimonio y que solicitaron
información muy importante a la Cancillería de este caso, por lo que esperan que actúen a la brevedad posible.
Contrataciones. El coordinador de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, lamentó que con este tipo de hechos como el otorgamiento de contratos a grupos criminales, no se está cumpliendo con lo que manda la Ley de Contratación del Estado. “Varias secretarías están incumpliendo la ley, lo que las vuelve muy vulnerables y lo vemos con los contratos que se les otorgaron a estas empresas. En la licitación solo participaron tres, otorgan el contrato a una y vea lo que ha pasado. Debe evitarse que no participen en estos procesos empresas fantasmas que solo buscan tapar otro tipo de negocios”, indicó Hernández. Y es que el Cachiro reveló en el juicio en contra del hijo del expresidente Lobo Sosa, Fabio Lobo, acusado de narcotráfico, que creó Inrimar para lavar activos y que esa fue una recomendación que le hizo el exmandatario. “En este caso estamos viendo tristemente una constante que no se da solo en proyectos de infraestructura vial sino también en otro tipo de compras”, añadió Hernández.
“las revelaciones del cachiro las vemos como una caja de pandora, esto apenas inicia”