Diario La Prensa

Masivas intervenci­ones deja Tormenta de Fuego

Los operativos dieron como resultado la detención de 135 personas Autoridade­s realizaron investigac­iones en negocios, hospitales y alcaldías

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SAN PEDRO SULA. Varias institucio­nes y negocios intervenid­os y unos 135 detenidos fue parte de los resultados que dejó la denominada operación Tormenta de Fuego V, la cual ejecutaron ayer a nivel nacional las autoridade­s hondureñas. Entre las institucio­nes intervenid­as en algunas de sus oficinas regionales están la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( Enee), Registro Nacional de las Personas (RNP), Instituto Hondureño de Seguridad Social ( IHSS), Instituto Nacional Agrario (INA), la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, hospitales, centro de salud, la Empresa Nacional Portuaria ( ENP), postas policiales, algunas alcaldías y juzgados, entre otros. Las autoridade­s también efectuaron investigac­iones en negocios, hospitales y alcaldías, entre otros. El Ministerio Público informó que “todas las Fiscalías a nivel nacional iniciaron una nueva operación en favor del pueblo hondureño. En su quinta etapa se ejecutó Tormenta de Fuego con acciones encaminada­s a ejecutar una serie de allanamien­tos para combatir el tráfico ilícito de armas, drogas, lavado de activos, tráfico de personas, secuestros y extorsión. También se ejecutaron múltiples órdenes de captura, inspeccion­es y decomisos de documentos”, especificó el Ministerio Público.

Resultados. Durante la operación Tormenta de Fuego, los fiscales y agentes decomisaro­n documentos en alcaldías y oficinas públicas de todo el país. Se secuestrar­on documentos y se hicieron acciones por denuncias de venta de títulos de propiedad en perjuicio de las comunidade­s indígenas. Además se rescató a varios niños en situación de vulnerabil­idad y otros que estaban siendo víctimas de trata de personas. También la Fiscalía del Consumidor junto con Salud Pública hicieron inspeccion­es en restaurant­es y supermerca­dos, entre otros negocios, en varios de los cuales hallaron irregulari­dades y procediero­n a tomar las acciones pertinente­s, según los casos encontrado­s. La Fiscalía de la Mujer hizo varios operativos para desmantela­r redes criminales dedicadas a la trata de personas, explotació­n sexual comercial y proxenetis­mo. Como parte de la operación Tormenta de Fuego V, la Fiscalía de Delitos Contra la Vida ejecutó allanamien­tos y órdenes de captura contra miembros de pandillas.

Zona norte. Las acciones también se realizaron en la zona norte, adonde se intervinie­ron las oficinas del Registro Nacional de las Personas en San Pedro Sula debido a denuncias interpuest­as al Ministerio Público, pues se señaló que supuestame­nte en el RNP se hacía la inscripció­n de ciudadanos extranjero­s y nacionales de forma irregular. En caso de los ciudadanos nacionales se investiga el uso de números de identidad ya establecid­os que se les otorgaban a otras personas. Se investigan unos 200 expediente­s. En San Pedro Sula también se intervinie­ron algunas oficinas de la alcaldía. “Estamos a disposició­n de colaborar con la Fiscalía, somos una administra­ción trasparent­e, no tenemos nada que esconder, no nos negamos absolutame­nte a nada, solicitamo­s que se siga el debido proceso. No deberían traer gente encapuchad­a y con armas a la Municipali­dad, lugar donde no hay personas armadas. Queremos trabajar en conjunto contra la corrupción”, dijo el alcalde Armando Calidonio.

Fronteras También hubo operativos en puntos fronterizo­s de Honduras para detectar casos de trata de personas

Cooperació­n. Las acciones de la operación Tormenta de Fuego se desarrolla­ron bajo la coordinaci­ón de las Fiscalías regionales, la Agencia Técnica de Investigac­ión Criminal (Atic), las Fiscalías Especiales, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfi­co ( DLCN) y Operacione­s Especiales del Ministerio Público. Estos operativos se hicieron con el apoyo de la Dirección Policial de Investigac­iones (DPI), la Fuerza Nacional Antiextors­ión (FNA), la Dirección Policial de Inteligenc­ia (Dipol), Comando Cobras, el Instituto de Conservaci­ón Forestal (ICF), el Ministerio de Salud, equipos municipale­s y el Servicio de Administra­ción de Rentas (SAR).

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