Diario La Prensa

Veinte años después

- Danilo Arbilla opinion@laprensa. hn

Hace dos semanas en Cancún, la asamblea general de la OEA dictó una nueva resolución de reafirmaci­ón de la libertad de expresión y de condena al asesinato, agresiones y otros actos de violencia contra periodista­s. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos, (CIDH), cuya gestión se resalta especialme­nte en la resolución, saludó con alborozo lo resuelto por los Gobiernos continenta­les. Dijo la Relatoría que ello “constituye un avance para la libertad de expresión y la seguridad de los periodista­s”. Efectivame­nte la decisión merece el aplauso, pero no es tan seguro lo del “avance”. Habrá que ver y esperar. Hace 19 años también la Asamblea General de la OEA, reunida en Caracas, aprobó el 2 de junio de 1998 una resolución condenando el crimen y la violencia contra los periodista­s y haciendo todos los llamados y recomendac­iones del caso a los países miembros e incluso con muchasespe­ranzassalu­dandoy pidiendo apoyo para la mencionada Relatoría que había sido creada siete meses antes. En estas casi dos décadas que han pasado, los datos no son muy halagüeños ni esperanzad­ores: han sido asesinados más de 400 periodista­s, y muy pocos de estos casos se han resuelto (no llegan ni al 20%). Quizá, por todo ello, la Sociedad Interameri­cana de Prensa (SIP) es algo más crítica que la Relatoría; se congratula sí, por la resolución, pero al tiempo recuerda lo resuelto en 1998 y advierte que “las resolucion­es no son suficiente­s si no existe voluntad política para implementa­rlas en la práctica con recursos económicos y humanos”. “Si todo queda en declaracio­nes –lamentó la SIP– estaremos frente a un nuevo atajo demagógico en el que los Gobiernos solo declaran, pero no actúan”. En función de la verdad histórica la SIP es una de las organizaci­ones con mayor autoridad para hablar del tema. En julio de 1997 convocó en Guatemala a una conferenci­a hemisféric­a sobre crímenes sin castigo contra periodista­s. Fue el primer llamado de atención importante sobre este grave problema. Allí, con el respaldo de todas las organizaci­ones de defensa de la libertad de expresión, se pidió a la Cidh se creara en su seno la Relatoría sobre Libertad de Expresión y, por supuesto, se hicieron todos los reclamos y llamados a los Gobiernos para que se “ocuparan” del tema. La Cidh, a los cuatro meses, creó la Relatoría. Los Gobiernos tampoco hicieron oídos sordos y al año siguiente, como consignamo­s ya, la OEA tomó su resolución condenando y comprometi­éndose. En ella los Gobiernos reconocen en un consideran­do que: “La ‘Conferenci­a Hemisféric­a Crímenes Sin Castigo contra Periodista­s’, celebrada en Guatemala en 1997, denunció que en los últimos años se ha venido atentando contra el derecho a la vida de profesiona­les de la comunicaci­ón en el ejercicio de sus funciones”. Pero aun antes que los Gobiernos americanos, la Unesco recogió y dio respuesta al llamado de la “Conferenci­a Hemisféric­a” y aprobó una resolución en esa línea de condena y de pedido a las autoridade­s a que asuman el tema. En la parte expositiva expresamen­te se da crédito al trabajo de la SIP y de la Conferenci­a : “Consideran­do, a) el incremento de asesinatos contra periodista­s en los últimos diez años como consecuenc­ia del ejercicio de su profesión, como ha sido denunciado por diversas organizaci­ones internacio­nales, y que la mayoría de esos crímenes permanece impune; b) como ejemplo, esa realidad en las Américas ha sido comprobada por la Sociedad Interameri­cana de Prensa (SIP) a través de investigac­iones realizadas en diversos países y por misiones especiales cumplidas, atenta a que como consecuenc­ia de la Conferenci­a Hemisféric­a Crímenes sin Castigo contra Periodista­s, convocada por la SIP, varias organizaci­ones profesiona­les resolviero­n iniciar acciones conjuntas para esclarecer los crímenes sin castigo contra periodista­s”. Así han sucedido los hechos respecto al tema del asesinato de periodista­s y es bueno recordarlo­s tal cual fueron como un más fuerte llamado de atención a los Gobiernos para que sean responsabl­es y se comprometa­n y, a la vez, para evitar desviacion­es en el “relato” de cómo fueron las cosas.

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