El informe
L a presentación la semana pasada del informe sobre seguridad, derechos humanos, oportunidades para sectores vulnerables y lucha contra la corrupción ante los miembros del Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha mostrado una imagen más beneficiosa y positiva del país, aunque todavía en ella se pueden observar esos claroscuros sobre los cuales el gobierno y la sociedad muestran su interés de superar para que la ley, la justicia, la transparencia y la igualdad de oportunidades sean los mejores calificativos en próximos informes. Los expertos de la ONU que reconocieron la claridad del informe y calificaron de notable su contenido, ahondaron en los asuntos expuestos con preguntas desde el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres a la despenalización del aborto o el reconocimiento del matrimonio de personas del mismo sexo, así como el trabajo infantil. La indagación se hizo con lupa y con criterios sobre los cuales nuestra sociedad no ha cruzado aún el umbral y, por tanto, su meta u objetivo no se hallan al alcance de la mano, pues seguimos en el ámbito de la supervivencia con aspiraciones a conseguir calidad de vida. Prueba pasada es la apreciación de la delegación nacional dirigida por el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, pero falta todavía la calificación y la tarea por hacer para la próxima presentación. En unos días, el Comité de la ONU proporcionará las observaciones a la situación del país, de manera que en la próxima ocasión se analicen los avances y el cumplimiento de los compromisos que nuestro país adquiere al ser miembro de organismos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que participan 167 naciones. Con notable satisfacción fueron escuchados los significativos porcentajes en la reducción de la tasa de homicidios proyectada para este año 49.08 por cada cien mil habitantes, siempre demasiado alto, pero deja en evidencia que de una cima superior a 85 víctimas de la violencia por cien mil ciudadanos hay una disminución de más de 31%. Las cifras y estadísticas son frías ante la violación del derecho a la vida y el dolor en la familia hondureña, pero el trazado y el recorrido de los últimos años son prueba de que podemos salir del abismo por el que éramos calificados, justa o injustamente, como el país, sin acciones bélicas, más violento del mundo. El reconocimiento de que la oscuridad va quedando atrás y se aprecia la primera claridad al final del túnel debe ser un estímulo real para el fortalecimiento del primer derecho de todo persona: la vida, y de otros derechos fundamentales en el quehacer social y en la calidad de vida individual y colectiva.