La Maccih, otra vez

Como si se tratara de una repetición cíclica, cada tanto tiempo la Misión de Apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad (MACCIH), enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA), se ve sometida a crecientes presiones y articuladas campañas para disminuir su protagonismo y, sobre todo, reducir sus posibilidades reales de lucha contra las redes de corrupción que, desde dentro y fuera del Estado, han creado un vergonzoso sistema integral de corrupción en nuestro país. Con periodicidad sospechosa, los voceros de la corrupción ponen a circular rumores y chismes de alcantarilla en contra de la Misión, utilizando para ello cierto “periodismo del silencio”, ese que se lucra por no decir la verdad o, lo que es peor, por deformarla y desvirtuarla. Por esta vía, se genera la impresión de que la Maccih está en crisis y que pronto, muy pronto, habrá de pasar a mejor vida. El avance de la Maccih, su gradual proceso de consolidación, su crecimiento físico e institucional, se han convertido en algo así como el termómetro para medir la ferocidad de las campañas en su contra y la profundidad y alcance de lo que ya muchos llaman “la conspiración de los corruptos”. Entre más crece y se fortalece la Maccih, mayor es la intensidad y frecuencia de los ataques a que se ve sometida. En la medida que se consolida y fortalece con nuevos integrantes y calculados pasos hacia adelante en el sistema normativo local, más grande es la furia de sus enemigos y mayor es la preocupación de los corruptos. Los argumentos, sería mejor decir las argucias, que se esgrimen contra ella limitan muchas veces con lo absurdo, aunque, generalmente, revelan mucha ignorancia por parte de sus promotores. Son, en cierta manera, la mejor evidencia de que muchos de esos detractores ni siquiera han leído las cláusulas del convenio que le da vida a la Maccih, suscrito entre la OEA y el Estado de Honduras. Si lo leyeran y dedicaran siquiera un pequeño esfuerzo de análisis sobre su contenido, seguramente serían más cautelosos en sus descalificaciones e improperios. Al leer el convenio mencionado, un lector objetivo y desapasionado muy pronto descubre cuáles son las posibilidades y cuáles las limitaciones que rodean a la misión de la OEA. No será difícil encontrar en ese texto los límites hasta donde la Maccih puede llegar y las facultades que puede aprovechar para hacer un trabajo positivo y aceptable. Algunas de las cláusulas, construidas en el marco de una calculada “ambigüedad útil”, son un revelador ejemplo de los forcejeos y zipizapes que caracterizaron las negociaciones previas a la firma del convenio final. Los emisarios del Gobierno, encabezados por uno de los personajes más versátiles y aceitosos, casi gelatinoso, del régimen, hicieron hasta lo imposible por limitar las facultades de la Misión y reducir a la mínima expresión su posibilidad de éxito. Ese personaje, rodeado de otros no menos escurridizos y falsos que canalizan los intereses del partido gobernante y de un reducido estamento de la “sociedad civil”, son los mismos que ahora alimentan y promueven, ora desde la sombra, ora a cielo abierto, pero siempre por interpósita mano, la campaña para que se vaya la Maccih. Es la llamada “conspiración de los corruptos” que, por razones diversas e intereses múltiples, se agrupan bajo el común denominador de impedir la lucha contra la corrupción y mantener siempre con vida su apestoso mundillo de impunidad. Si la política es el arte de lo posible, como suele decirse, la Maccih es exactamente eso: lo posible, lo único posible en esta fase coyuntural de nuestra historia moderna. Lo otro, una Cicig guatemalteca a la hondureña es, al menos en este momento, lo imposible. Por lo tanto, rechazar lo posible y exigir lo imposible más parece una treta, una artificiosa trampa para que se vaya lo que ya tenemos, es decir que desaparezca lo posible, y nunca venga lo imposible. ¡Vaya treta la que alimenta el espíritu y la acción en la “conspiración de los corruptos!”. La solución no está en liquidar a la Maccih y exigir la utopía. La salida es otra: demandar la ampliación de las facultades de la Mccih, presionar por un rol más activo e independiente de los operadores de justicia locales, especialmente del Ministerio Público, y exigir a los diputados que tengan el coraje suficiente para aprobar leyes como la de la colaboración eficaz y otras parecidas. Esa es una solución positiva para enfrentar la embestida negativa de los conspiradores de la corrupción.

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