El martes políticos ya no podrán pedir el voto
Ley Los aspirantes tienen prohibido hacer concentraciones y anuncios propagandísticos. Hay multas por más de 300,000 lempiras para quienes no cumplan
TEGUCIGALPA. La propaganda llega a su fin esta noche, en cumplimiento a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, por lo que los políticos dejarán a un lado sus canciones pegajosas y otras hasta jocosas para explicarle a la población por qué quieren ser funcionarios mediante el voto popular. El artículo 149 de la Ley Electoral explica que cinco días calendario antes de la programación de las elecciones generales se suspende la campaña y propaganda electoral. “Quedan prohibidas las manifestaciones públicas, toda propaganda política, la divulgación de resultados totales o parciales de encuestas o sondeos de opinión pública, material impreso, audiovisual, electrónico, radiofónico magnético o de cualquier índole”, indica la Ley Electoral. El magistrado presidente del TSE, David Matamoros, recordó que con la prohibición de la campaña electoral cinco días antes de las elecciones generales, en este caso, los candidatos quedan expuestos a solo compartir sus planes de gobierno. “La ley les da la oportunidad de explicar sus planes de gobierno sin pedir el voto. El silencio electoral debe respetarse”, expresó escuetamente Matamoros.
Lo que pueden hacer. La ley manda a los candidatos, dirigentes y líderes de los partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes que “solo podrán hacer uso de los medios de comunicación para explicar, divulgar y difundir sus programas de gobierno”. El incumplimiento de lo anterior y de continuar con la propaganda se sancionará con una multa de 40 salarios mínimos ( más de 300,000 lempiras). Donde si no hay restricciones hasta el momento es en el medio masivo que se han convertido las redes sociales, adonde los ciudadanos continúan haciendo propaganda sin ningún control, como sucedió en las elecciones primarias de marzo de este año. “Es muy difícil controlar, casi imposible. El TSE no tiene la infraestructura para controlar la propaganda en redes sociales. Esto le corresponderá a la Unidad de Política Limpia”, explicó el magistrado Erick Rodríguez.