Contradicciones y verdades

Recientemente los medios audiovisuales del país destacaron la captura de un joven de la ciudad de Choluteca -cuyo nombre omitimos por razones obvias- por haber pretendido hurtar una gallina, la cual también, en un acto que retrata nuestra justicia tercermundista, fue “detenida” para acompañarla como cuerpo del delito en el proceso que la policía inicio a través del Ministerio Público. Estos lamentables casos se dan en nuestro país como parte de nuestra subcultura. En la que resultan procesadas personas de escasos recursos que son más bien víctimas de un sistema injusto que se ensaña con ellos a través de operadores de justicia, a quienes no les tiembla la mano para decretarles auto de detención o de formal prisión, sin que nadie, mucho menos una organización de servicio o caritativa haga algo para remediar su desgracia. El primer atropello a los derechos individuales del joven detenido es haberlo fotografiado con el ave de corral supuestamente hurtada, y el segundo, haberlo etiquetado como un delincuente al atribuirle por sus captores responsabilidad penal en lo que debería ser más bien un insólito hecho producto de la hambruna que existe en algunos lugares de nuestra geografía. Contrariándose los principios que garantizan la presunción de inocencia y la inviolabilidad de la dignidad de los hondureños. Este hecho se opone a los más recientes casos denunciados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) al Ministerio Público. El primero, contra una alta exfuncionaria del Ministerio de la presidencia de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), que en forma burda sustrajo de acuerdo con el CNA, más de 12 millones de lempiras. Suma que debía en teoría ser destinada al desarrollo de proyectos sociales, pero que la corrupta exfuncionaria distrajo mediante el libramiento de un cheque que lo ingresó a su cuenta personal cinco días antes de finalizar la administración del presidente Lobo. El otro caso tiene que ver con un desfalco de más de 76 millones de lempiras que estaban destinados para mejorar el centro regional del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en Catacamas, para la compra de equipo de tecnología, mecánica y otros, cometido durante los años 2012 y 2013, que casualmente corresponden también a la administración de don Pepe Lobo. En ambos casos, el CNA sostiene haber presentado las probanzas correspondientes señalando a los responsables de estos ilícitos, que hasta de hoy día se mantienen en la impunidad gracias a la ineficacia del ente fiscal y al amiguismo con la actual estructura de poder, que, por contra, en casos como el del joven de Choluteca, se muestran contradictoriamente celosos en el cumplimiento de sus funciones.

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