Fiscalía pide incautar casa de $1 millón a expresidente Otto Pérez
La propiedad habría sido un regalo de seis exministros implicados en el caso “La Cooperacha”
GUATEMALA. La Fiscalía de la Unidad de Extinción de Dominio solicitó una “acción de extinción de dominio” de una lujosa casa de playa del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, con un valor estimado de 7 millones de quetzales (1 millón de dólares), informó ayer el Ministerio Público (MP). La solicitud, conformada por 1,732 folios, da cuenta de que el inmueble estuvo inscrito a nombre de la empresa Construcciones y Caminos, S. A. y posteriormente fue trasladada a la sociedad anónima Ecoark, ambas vinculadas con Pérez Molina. La casa, ubicada en la playa de la aldea El Garitón, Taxisco, Santa Rosa, fue adquirida en 2013 con los aportes de varios exfuncionarios del Gobierno (2012-2015), según las pesquisas. Los implicados en el caso llamado “La Cooperacha” (coloquialmente aporte) son los exministros de Defensa Manuel López Ambrosio y Noé Anzueto, de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, de Energía Érick Archila, de Gobernación Mauricio López Bonilla y el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Juan de Dios Rodríguez. Según la Fiscalía, los exfuncionarios entregaron alrededor de 2,63 millones de dólares para la compra de 3 regalos para el expresidente: la lujosa vivienda en la playa, una lancha Yamaha Gradyt White y un helicóptero; además de un bien en la bahía Pristine, en Roatán, Honduras, para la exvicepresidenta Roxana Baldetti. El expresidente Molina está en prisión preventiva desde 2015 por varios casos de corrupción. El Ministerio Público también indicó que ayer le entregó a la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) una finca ubicada en Boca Ancha, departamento de Izabal, también propiedad de Pérez Molina. En 2013 se había concretado la compra-venta de este terreno, a nombre de la entidad Plantas de Exportación S.A., también vinculada con el expresidente Otto Pérez y “el cual fue pagado por varias sociedades por un valor de un 1 de quetzales (132,240 dólares)”, indicó la Fiscalía.