Fe de errata no cambia el espíritu de la reforma de ley: Zambrano
El secretario del CN dice que se deben mantener en suspenso las actuaciones del MP con relación a indagaciones del manejo del erario. Jiménez Mayor viajó ayer a Washington
Para recordar La reforma que blinda investigaciones abarca el manejo de dinero público en temas de inversión social, según Maccih
TEGUCIGALPA. La Empresa Nacional de Artes Gráficas publicó la fe de errata sobre la modificación a la Ley Orgánica del Presupuesto y en esta nueva versión se excluye la controversial orden de suspender las investigaciones y persecución penal contra quienes hayan malversado fondos públicos mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) culmina las auditorías de esos recursos. La corrección del texto fue publicada en La Gaceta el viernes 26 de enero, pero a juicio del secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aún “se mantiene el espíritu” de la reforma, por lo que, asevera, se deben mantener en suspenso las actuaciones del Ministerio Público con relación a indagaciones del manejo de erario. “Ahora se rectifica con la fe de errata que siempre mantiene el espíritu por el que fue aprobado”, es decir, “es lo mismo de suspender la persecución”, indicó Zambrano. En la fe de errata se dejó intacta la parte que indica que cuando la investigación tenga carácter de firme, los pliegos de responsabilidad serán remitidos a los órganos correspondientes. Al TSC se le dio un plazo de tres años para realizar auditorías e investigaciones especiales de las tres últimas administraciones de Gobierno, es decir, 2006-2010, 2010-2014y20142018. La parte que se quitó en la fe de errata es la que literalmente dice: “Durante esté en proceso la auditoría e investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que esta tenga carácter de firme y ejecutoria, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal”. Por este pasaje de la reforma al artículo 131 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción ( Maccih), Juan Jiménez Mayor, calificó el acto como un “pacto de impunidad” para proteger a altos funcionarios que han despilfarrado dinero del Estado. Jiménez Mayor conminó al Congreso Nacional a derogar lareformayelLegislativopro- cedió a efectuar la fe de errata. Jiménez Mayor dijo que no era con una fe de errata que se resolvería el problema de la reforma, ya que la parte relacionada con la suspensión de la persecución penal se aprobó sin que fuera discutida por los diputados del Congreso. “Esto no es un error, esto no es un error; esto es un delito”, dijo en conferencia de prensa el jefe de la Maccih horas antes de que se publicara la fe de errata el viernes pasado. La Maccih presentó un video de la sesión del 18 de enero de 2018 en la que se aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto y en la que se muestra que el controversial texto que se publicó no fue leído y, en consecuencia, no fue discutido por los parlamentarios. El funcionario internacional anunció que abriría una línea de investigación que se denominaría caso de pacto de impunidad para deducir responsabilidades contra quines maquinaron la “ilegal reforma”. Eldiputado Tomás Zambrano anunció que este día la comisión nombrada para explicar la reforma presupuestaria se reunirá con la Corte Suprema de Justicia y que en el transcurso de la semana lo hará con otras entidades, como el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Entretanto, el vocero de la Maccih viajó ayer a Washington para reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americano, Luis Almagro, con el objetivo de exponerle en detalle el impacto que tendrá la reforma en los objetivos de la lucha contra la corrupción del organismo. “Saliendo para la ciudad de Washington DC ante llamado del secretario general de la @OEAoficial Luis Almagro y para reuniones importantes sobre situación de investigaciones de corrupción en el país”, publicó Jiménez Mayor en su Twiter. La Maccih es un órgano que fue creado el 19 de enero de 2016 mediante un convenio de la OEA con el Gobierno hondureño para apoyar la estrategia de combate de redes de corrupción.