Diario La Prensa

TSC reglamenta­rá auditoría a más de 750 exdiputado­s

Mediante una polémica reforma, el Congreso Nacional dio un plazo de tres años para ejecutar las investigac­iones

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TEGUCIGALP­A. Tras la vigencia de la polémica reforma hecha a la Ley de Presupuest­o, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se apresta a elaborar un reglamento para llevar a cabo las investigac­iones. Bajo este instrument­o legal se regirán las indagacion­es que el organismo contralor hará al uso de los recursos económicos que provee el Fondo Departamen­tal a los congresist­as para llevar a cabo proyectos sociales en cada una de las comunidade­s. Según explicó el magistrado del TSC Miguel Pineda, la enmienda manda a ejecutar una investigac­ión especial de 750 exdiputado­s y diputados de las últimas administra­ciones gubernamen­tales que va de 2006 al presente. “Lo que ha solicitado el Congreso Nacional es una investigac­ión especial y expedita para 750 diputados de las tres últimas administra­ciones, que es lo que establece ese decreto”, dijo el funcionari­o del TSC. El Tribunal de Cuentas permanente­mente ejecuta auditorías al Fondo Departamen­tal conforme a un Plan Operativo Anual que fue elaborado en 2017; sin embargo, la reforma indica que deben hacerse las investigac­iones específica­mente sobre unos 750 congresist­as de los Gobiernos de Manuel Zelaya, Roberto Micheletti, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández. La enmienda obliga y pone en condición de investigad­as a más de 100 fundacione­s y organizaci­ones no gubernamen­tales (ONG) que han recibido fondos del Estado para proyectos sociales en los últimos cuatro Gobiernos. Sobre el particular, el presi- dente del TSC, Ricardo Rodríguez, informó que desde antes de la reforma “se había ordenado la auditoría completa del Fondo Departamen­tal, ya pedimos a la Secretaría de Finanzas para comenzar a trabajar en ella”. Adelantó que los auditores inspeccion­arán todos los lugares del país en donde se han ejecutados obras con fondos departamen­tales otorgados por la Secretaría de Finanzas a funcionari­os y diputados.

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