Harán El Pozo III en rancho incautado a Los Cachiros
Cuatro prisiones serán cerradas para movilizar solo reos condenados a la nueva fortaleza penal Una finca en la aldea Zamora es el lugar que reúne las mejores condiciones
Cerrarán otras cuatro cárceles y trasladarán solo a reclusos condenados a la nueva prisión en Tocoa, Colón
TEGUCIGALPA. En una hacienda incautada en Tocoa, Colón, a la banda de Los Cachiros, el otrora cartel más poderoso de narcotráfico en Honduras, se construirá el Pozo III, la última cárcel de máxima seguridad que hará el Gobierno, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INP). “Este es un terreno que fue incautado a personas por casos de narcotráfico, pretendemos construir un centro penal”, dijo a Diario LA PRENSA la directora del INP, Irene Gudiel Ardón. El nuevo proyecto carcelario se encuentra en una fase inicial, la semana pasada se inspeccionaron tres ranchos incautados a Los Cachiros, y en los próximos días se tomará la decisión de escoger cuál será la nueva sede penitenciaria, indicó. De los tres inmuebles visitados, una finca situada en la aldea Zamora es la que pareció tener mejores condiciones para la edificación del presidio. Este rancho se encuentra bajo gestión de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), pero cedida en comodato al Centro Universitario Regional de Litoral Atlántico. Todavía no hay un prepuesto para los proyectos ni planos de la obra, explicó la funcionaria. Esta iniciativa representa que por primera vez un bien despojado legalmente a un grupo criminal será usado como reclusorio.
Solo condenados. La jefa de los penales explicó que al nuevo centro serán enviados solo personas condenadas de cárceles que se encuentran en mal estado y en zonas urbanas. De los centros penales de Puerto Cortés (Cortés), Trujillo (Colón), La Ceiba y Tela ( Atlántida), donde actualmente hay 643 condenados, se trasladarían los primeros reos al Pozo III. En esos cuatro penales hay otros 1,022 presidiarios sin condena. “Estamos hablando de personas en calidad de conde-
nados, no procesados, los que serán movilizados”, dijo. “Lo que se está haciendo es mejorar estos lugares para sacar estos centros penitenciarios de centros de las ciudades, no solo porque estén en mejores condiciones los privados de libertad, sino que la ciudadanía en general por el riesgo que corren las personas que están cerca de estos penales”, remarcó la directora del INP. La cárcel de Tocoa será un complejo en el que los condenados puedan recibir capacitación en actividades agrícolas, dijo Gudiel Ardón. “Con esta nueva cárcel de Tocoa ya no habrá necesidad de construir más centros penales”, aseguró la administradora de los presidios. En Honduras hay 26 cárceles, entre penitenciarías nacionales y centros penales, además de dos batallones militares y una instalación policial que sirven como prisiones en donde hay 19,853 reos. Del universo de encarcelados, 8,874 tienen condena y otros 10,970 se encuentran sin sen- tencia y en distintas etapas de sus procesos criminales. Una infraestructura carcelaria decadente, penitenciarías hacinadas y administraciones penales corruptas convirtieron al circuito de prisiones en “universidades del crimen”. Las autoridades se convencieron de que las prisiones eran centro de operaciones de grupos criminales que han generado repuntes en los índices delictivos, por lo que hicieron inversiones para construir nuevos penales de máxima seguridad con estándares internacionales. En 2016 entró en funcionamiento el centro penal de Ilama, Santa Bárbara, conocido como El Pozo I, en cuya construcción se invirtieron $21.9 millones y en donde se encuentran 1,523 presos. En 2017, por igual monto se edificó El Pozo II, como se bautizó al centro penal de Morocelí, El Paraíso, en el que están recluidas 1,523 personas
La caída de un imperio. Los Cachiros fue el mayor grupo de narcotráficantes de Honduras al que el Juzgado de Privación de Dominio dictó en marzo de 2017 sentencia de comiso definitivo de más de 100 bienes por no justificar su origen. El fallo judicial recayó sobre 62 bienes inmuebles, 9 empresas, 29 vehículos y 64 productos financieros que fueron asegurados en los departamentos de Colón, Atlántida y Cortés. La exembajadora de Estados Unidos, Lisa Kubiske, estimó que las propiedades incautadas a Los Cachiros ascendían a unos 500 millones de dólares. Los Cachiros fueron designados en 2014 como narcotraficantes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y, tras esta declaración, el Mi- nisterio Público incautó los bienes que luego pasaron a poder del Estado. Javier Eriberto (de 44 años) y Devis Leonel Rivera Maradiaga (de 40), los cabecillas de Los Cachiros, se entregaron en 2015 a la justicia de Estados Unidos, adonde fueron procesados por trasiego de cocaína. Su rendición puso fin a un reinado de terror de diez años, de 2005 a 2015, en los que -según investigaciones policiales- asesinaron, sobornaron a dirigentes políticos y autoridades policiales y militares para trasegar la droga que venía de Colombia a Estados Unidos. Como parte de un trato que hicieron con la Fiscalía de Nueva York, admitieron los cargos que se les imputó y han declarado quiénes eran sus socios en Honduras con los que hicieron tratos y, a cambio, recibirán, en una fecha por confirmar, una pena reducida y así eludir una condena que pudo llegar ala perpetuidad por parte de la Corte Federal de Manhatthan.