Irrecuperables los L600 millones saqueados a IHSS
La Junta Interventora analiza la posibilidad de recuperar parte del equipo y los programas informáticos del proyecto Mofihss
TEGUCIGALPA. La Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) anuló en 2014 el contrato con la empresa Servicios Abiertos S. A de C.V por el fallido proyecto de Modernización Financiera del Seguro Social, conocido como Mofihss, y remitió los principales hallazgos al Ministerio Público para su investigación y judicialización. Así lo informó ayer German Leitzelar, miembro de la Junta Interventora, quien recordó que el irregular convenio suscrito en la administración de Mario Zelaya quedó plasmado en el primer informe presentado por ellos en 2014, en el que se expusieron una serie de anomalías administrativas, entre ellas la millonaria sobrevaloración de servicios y equipo médico. Durante la gestión de Mario Zelaya se suscribieron varios convenios de servicios que sumaron 187.6 millones de dólares, o sea unos 4,000 millones de lempiras, de los cuales 1,600 eran precios sobrevalorados, según el informe de la Interventora.
Auditoría. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó el miércoles un nuevo informe al Ministerio Público, que concluye en el hallazgo de 27 irregularidades e indicios de responsabilidad penal por el contrato adjudicado a Servicios Abiertos, al no encontrarse soportes documentales que justifiquen legalmente la inversión por el proyecto Mofihss. De acuerdo con la información de desembolsos efectuados y registrados hasta el 31 de diciembre de 2013, el monto pagado por el IHSS a Sistemas Abiertos, por el proyecto Mofihss, fue de 599,849,654.23 lempiras, valor no redimible para el IHSS, dadas las graves inconsistencias a las que fue sujeto el proceso de compra y los incumplimientos al contrato. Leitzelar señaló que la auditoría realizada por el TSC vie-
ne a confirmar los hallazgos que fueron plasmados por la Junta Interventora en su primer informe de 2014, y también determina el valor del perjuicio económico al Estado y la calificación de responsabilidad penal para los implicados en estos hechos. Recordó que los contratos fueron cancelados para evitar que siguieran causando un perjuicio a las finanzas del Seguro Social, pero los hallazgos de irregularidades los remitieron a la Fiscalía y al TSC para que formulara las acciones penales, administrativas y civiles. “Se anuló todo lo que tenía irregularidades, tanto de procedimiento como de valores, todo eso se canceló y el informe de esas acciones se trasladó al Ministerio Público y al TSC porque las facultades nuestras no daban competencias para calificar responsabilidades administrativas y penales”, aseveró. El interventor explicó que la suma proporcionada por el TSC de 599.8 millones de lempiras es la que justamente se pagó por el contrato, pero los términos del documento y la implementación del proyecto no se cumplieron. El proyecto Mofihss se contrató como una solución informática integral que cubriera el 100% de la parte clínica hospitalaria y del componente administrativo financiero, con el objetivo de automatizar por completo dichos procesos, pero no se cumplió con lo solicitado. Leitzelar reconoció que la inversión realizada es difícil de recuperar, aunque la Junta Interventora analiza la posibilidad de poner a operar una parte del proyecto Mofihss, pero eso implicaría buscar a los concesionarios de las empresas extranjeras que vendieron el equipo para ver si pueden ponerlos a funcionar. “El sistema nunca funcionó y nosotros estamos haciendo todos los procedimientos para poder llevarlo adelante y utilizar todo el equipo que se pueda, si es que hay equipos que puedan ser rescatables para ponerlos a operar”, afirmó. “En síntesis, lo que nosotros informamos en nuestro informe fue investigado por el TSC y la auditoría dio como resultado el monto del perjuicio y los presuntos responsables”. Por este contrato están denunciados Mario Zelaya, Ramón Berttety, José Zelaya y Alberto Barahona Rivera.