Pedirán a la Corte opinión sobre reformas a ley
Solicitan la integración de dos diputados a Comisión Interinstitucional de Justicia Penal que analizará la actual ley
TEGUCIGALPA. El Congreso Nacional dio un plazo de 90 días a la Corte Suprema de Justicia para que emita una opinión sobre las reformas a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito que aprobaron el pasado 20 de marzo. La decisión del máximo órgano jurisdiccional del país podría ser en dos vías, una que le dé la razón al presidente Juan Orlando Hernández o, por lo contrario, al Congreso Nacional; siempre retornaría el veto presidencial al Poder Legislativo, se generarían los consensos y se aprobaría con mayoría calificada (86 votos) para que queden ratificadas las reformas. Hernández vetó las reformas a ley asegurando que tenían vicios de inconstitucionalidad y propuso en su exposición que la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal analice la armonización de la ley en vigencia y se escuche a los diferentes sectores de la sociedad civil. Ayer, en la Cámara Legislativa, se leyó el veto que envió el Ejecutivo, y las autoridades parlamentarias anunciaron que este día enviarán a la Corte el decreto 30-2018 que contiene las reformas y el respectivo veto. “Tomamos dos decisiones, primero que la misma Constitución le da atribución al Congreso de enviar el decre- to a la Corte Suprema y establece un término para que se pronuncie (90 días). Segundo tema, que es una decisión del Congreso en base al veto, se le pedirá a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal de carácter oficial que cuando se reúna para conocer y analizar los alcances, la aplicación de esta ley a lo largo de la vigencia después de 2010 se integre a dos diputados”, informó el secretario del Legislativo, Tomás Zambrano.
El Congreso enviará al diputado Mario Pérez que fungió como titular de la comisión de dictamen de las enmiendas a la ley y se pedirá se escuche a Denis Castro Bobadilla, proyectista de las enmiendas. La Comisión In ter institucional de Justicia Penal será convocada la próxima semana por el presidente de la misma, Rolando Argueta, para abordar las polémicas reformas. Zambrano dijo que es “probable que haya alguna reforma a la ley-tras el análisis de la Comisión In ter institucional de Justicia Penal- por los abusos que se han cometido al momento de aplicarla”.
De acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, si el veto se fundamentare en que el proyecto de ley es inconstitucional, ya sea de forma o contenido, no podrá someterse a una nueva deliberación sin oír previamente a la Corte.