Los augurios de don Pepe
2017 y 2018 serán annus horribilis para el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Primero, por la severa condena de 24 años impuesta a su hijo Fabio Lobo, acusado de conspirar para importar y distribuir cocaína en los Estados Unidos, a quien la jueza en aquel momento le espetó: “Usted era el hijo del Presidente de Honduras en funciones, usted usó sus conexiones, facilitó un fuerte apoyo gubernamental a una organización del narcotráfico (…), abusó de quien era para perpetrar este crimen”. En una clara advertencia al modus operandi de la elite política y de poder en Honduras. Y segundo, por el encarcelamiento de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, acusada por el Ministerio Público de malversar fondos públicos, fraude y lavado de activos por varios millones de lempiras, contra quien el juzgado instructor le dictó prisión preventiva, por ello fue enviada sin contemplaciones a la Penitenciaría Nacional Femenina de Támara. Al momento de dar declaraciones, luego de ser preguntado por este hecho, don Pepe, visiblemente afectado, con el rostro desencajado y a veces abandonando su peculiar sonrisa, contestó que era una injusticia la cometida contra su esposa. El expresidente denunció que cinco personas se reunieron en Casa Presidencial para sacrificar a Rosita y darle algo a la Maccih tras la renuncia de su exvocero Juan Jiménez Mayor. Dijo además sentirse ofendido, pues dos extranjeros, un colombiano y un salvadoreño, llegaron con las autoridades a allanarle su casa. Al observar unas tomas de la captura de su cónyuge enchachada de pies y manos, don Pepe advirtió: “Voy a ver a un montón así…, no lo dude”, le comentó a su entrevistador. “Mi Rosa no será la única, caerán más”, acotó contundentemente. Y es que el expresidente Lobo Sosa sabe mucho, particularmente del caso del Seguro Social, y sabe quiénes son los que se han beneficiado directamente con más de 6,985 millones de lempiras sustraídos de sus arcas, que no son únicamente los imputados por este monumental atraco, sino que también otros personajes de mayor relevancia que la justicia deberá perseguir algún día. Si a esto agregamos el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rendido en Ginebra, que revela que la respuesta del gobierno de Juan Orlando Hernández a las protestas postelectorales dio lugar a graves violaciones de los derechos humanos al utilizar la Policía y el Ejército una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, provocándose la muerte de al menos 23 personas y 1,351 detenciones por violar el toque de queda, la eventualidad de un juicio en una corte penal internacional estaría a la vuelta de la esquina. Y los augurios de don Pepe… haciéndose realidad.
“‘noserálaúnica, caeránmás...’, auguriodel expresidente vaencaminode convertirseen realidad”