TSC confirma irregularidades en el Instituto de Acceso a la Información
El organismo contralor recomendó implementar en 15 días un plan de acción para corregir diversas anomalías Presidenta del IAIP asegura que varios hechos fueron subsanados
TEGUCIGALPA. Un informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó una serie de irregularidades administrativas en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), organismo supuestamente responsable de la transparencia en el manejo de los fondos públicos en las instituciones estatales. La investigación está contenida en la denuncia número 0801-2017-056, la cual hace referencia a diversas anomalías cometidas por Rosa María Trimarchi Galindo, auditora interna del IAIP, y otros hechos anómalos acontecidos en ese organismo entre el período comprendido del 01 de febrero de 2009 al 30 de abril de 2017. Los resultados de la investigación y sus recomendaciones fueron turnados el pasado 16 de febrero por el presidente del TSC Ricardo Rodríguez a la actual comisionada presidenta del IAIP, Suyapa Thumann Conde, para que en un plazo de 15 días se procediera a implementar un plan de acción a fin de que los hechos denunciados no se sigan repitiendo. El informe del organismo contralor indica que “las responsabilidades se tramitarán por separado en pliegos que serán notificados individualmente a los funcionarios y empleados en quienes recayere la responsabilidad civil o administrativa”. Conforme al artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, el cumplimiento de las recomendaciones formuladas es obligatorio, y el artículo 79 de la misma norma establece la obligación de vigilar el cumplimiento de las mismas. Entre los hechos investigados por el TSC figuran pagos indebidos de servicios públicos y alquiler del edificio, recargos y multas por pagos tardíos a la Alcaldía y al Seguro Social, incapacidades aplicadas incorrectamente,
adelantos de beneficios, sueldos, décimo tercer y cuarto mes de salario y vacaciones sin la autorización del pleno de Comisionados, entre otros. También se denunció que el comisionado Damián Gilberto Pineda Reyes, Comisionado del Instituto, recibió pagos por concepto de jubilación por parte del Instituto de Previsión Militar (IPM) y el sueldo por su cargo como comisionado en el IAIP; además de tener una demanda en litigio en contra del Estado de Honduras. Cada comisionado del IAIP devenga un salario de 92,610 lempiras mensuales. Además, se denunciaron despidos injustificados, nom- bramientos y contrataciones de personal supernumerario por parte de los comisionados Damián Gilberto Pineda Reyes y Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero (QDDG). Varias de estas anomalías fueron desestimadas y subsanadas, pero otras quedaron firmes e implicarán sanciones civiles y administrativas para los funcionarios implicados, según consta en el expediente número 08012017-056. Sobre este expediente, Diario LA PRENSA buscó a la comisionada presidenta Suyapa Thuman, quien indicó escuetamente que varias de las denuncias fueron aclaradas y se le dio respuesta al informe.